Colau, en un pleno municipal. EFE/Quique García
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Pdecat, Cs, ERC y PP fuerzan una comisión extraordinaria para castigar al gobierno municipal por el aumento de la inseguridad y el incivismo en Barcelona

Barcelona, 06 de agosto de 2018 (12:21 CET)

Primero fueron el aumento de los hurtos y la crisis aún por resolver de los narcopisos en Ciutat Vella, que ya le costó a Ada Colau su primera reprobación por parte del pleno municipal, y ahora, la agresión de un grupo de manteros a un turista se esgrime cual gota que colma el vaso desde la oposición, que ha pactado forzar un pleno extraordinario.

El pleno se celebrará este miércoles para abordar lo que consideran una crisis de la que responsabilizan en primer término a la alcaldesa, y para reprobar la política municipal en materia de seguridad.

A falta de un concejal específico, la alcaldesa asumió personalmente la cartera en términos políticos, con Amadeu Recasens, fichado como comisionado de Seguridad, de máximo responsable nominal. Y la oposición, sabedora también de las tirantes relaciones entre el gobierno de Barcelona en Comú y la Guardia Urbana, incide especialmente en este aspecto.

No es probable es que Colau, que no participa en las comisiones, interrumpa sus vacaciones para comparecer el miércoles

La semana pasada, a raiz de la agresión al turista, primero el PSC y luego el PP ya plantearon celebrar una comisión extraordinaria de Presidencia, Derechos de la Ciudadanía, Participación y Seguridad, y este lunes, han sido el Pdecat, Cs, ERC y los socialistas quienes han formalizado la petición. El gobierno municipal tenía 15 días para convocarla, pero ha pactado con el resto de grupos celebrarla este mismo miércoles. En el ejecutivo, son partidarios de despachar el asunto cuanto antes para acortar el culebrón.

Lo que no es probable es que Colau interrumpa sus vacaciones para comparecer el miércoles, como querrían los grupos que la han forzado. Fuentes del ejecutivo recuerdan que la alcaldesa no participa nunca en las comisiones, y que suele ser Recasens quien comparece para dar cuenta de las cuestiones relacionadas con la seguridad.

Reprobación y petición de dimisión

En agosto del año pasado, la oposición ya forzó una comisión extraordinaria de seguridad para abordar el ataque de Arran a un bus turístico. Ahora, plantea incidir en la incompetencia y la pasividad con las que entienden que el ejecutivo municipal aborda el incivismo y la inseguridad, reprobar su política en ese ámbito y pedir la "dimisión expresa" de la alcaldesa como máxima responsable del área y el nombramiento de un concejal específico de seguridad.

El castigo político está garantizado. Solo los cuatro grupos que han forzado la comisión ya suman 22 de los 41 concejales del consistorio, es decir, mayoría absoluta. Eso sí, el ejecutivo no está por la labor de nombrar a ningún concejal de ese área, ni Colau se plantea esa dimisión que le piden, que formalmente no es posible, a menos que dimitiera como máxima responsable municipal: Colau no tiene ningún cargo específico referido a seguridad. Simplemente, en el organigrama municipal, Recasens depende directamente del área de alcaldía.

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