La alcaldesa Ada Colau, en un pleno municipal. /EFE/Marta Pérez
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El gobierno de Ada Colau cierra un mes negro con otro castigo político, ahora por la crisis de Ciutat Vella, en un doble pleno aciago pero menos

28 de abril de 2018 (04:55 CET)

Condenado a remar en solitario, el gobierno en franca minoría de Ada Colau ha encajado todo tipo de derrotas políticas en lo que va de mandato. Más desde que rompió con el PSC, expulsado del ejecutivo municipal de Barcelona en noviembre porque el PSOE avaló la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Pero aún no había encajado ninguna reprobación del pleno, fórmula que se aplica en dosis muy reducidas, y que este viernes cató por vez primera a raiz de la crisis de los narcopisos. 

Lo hizo, eso sí, en un pleno extraordinario que no solo el gobierno, sino también la oposición, que es quien había forzado su celebración, se tomó como un trámite, y que, en consecuencia, resultó ser perfectamente prescindible si de lo que se trataba era de abordar la problemática como se merece.

Tras las votaciones que enterraron la unión del tranvía y la multiconsulta, el ejecutivo de Barcelona en Comú (Bcomú) cerraba su particular mes horribilis con una doble sesión plenaria que, de hecho, podía haber ido peor.

Los "comunes" encajaron el tirón de orejas por los narcopisos y tuvieron que retirar del orden del día por falta de apoyos la aprobación de la licitación más importante del ayuntamiento, en términos económicos, la de la nueva contrata de limpieza, que tendrá que esperar.

Pero evitaron otra reprobación, la que pedía el PP por el conjunto de su gestión, y que no prosperó. Y formalizaron la aprobación del plan urbanístico del Espai Barça, tras el acuerdo político casi unánime conseguido la semana pasada. Sí, podía haber sido bastante peor.

Los narcopisos, por la vía rápida

El pleno sobre los narcopisos, que contó con la presencia y la protesta silenciosa en el palco de invitados del salón de plenos de un grupo de vecinos del barrio del Raval, fue despachado de manera formularia y por la vía rápida, pese a la gravedad de lo que allí se discutía.

Tampoco es que la hora ayudara: empezó al acabar el pleno ordinario, pasadas las cuatro de la tarde, y los concejales sin comer.

Los grupos se abonaron a reprocharle al ejecutivo municipal su falta de respuestas frente a la crisis de seguridad en el barrio, y focalizaron sus ataques en la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, pero, sabedores todos de que la reprobación era cosa hecha, y que ese es el titular, el debate transcurrió por cauces mucho menos virulentos de lo esperable.

Con Colau y Pin esperando a que pasara el chaparrón, unos tras otros fueron repitiéndoles el mantra: hay que escuchar y actuar más. 

Trias exigió a Colau liderazgo y "tolerancia cero" con determinadas actitudes para evitar que la situación "se cronifique", pero evitó encarnizarse

El líder del Pdecat, el ex alcalde Xavier Trias, exigió a Colau liderazgo y "tolerancia cero" con determinadas actitudes para evitar, dijo, que la situación "se cronifique", pero no quiso encarnizarse.

En un tono igualmente conciliador, el presidente de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, insistió en la importancia de "escuchar" a los vecinos y hablar con los propietarios, "grandes y pequeños", para evitar volver al Raval degradado y semblado de jeringuillas de los ochenta, y le reprochó al gobierno, eso sí, no haber controlado ni siquiera que pisos de su propiedad se convirtieran en narcopisos.

"¿Como vamos a pedirle a los privados que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer?", se preguntó.

Incluso el líder del PP, el habitualmente más beligerante Alberto Fernández, insistió en que, "más que la reprobación, lo que cuentan son las soluciones".

Fernández recetó más policía y servicios públicos más eficientes, y se ofreció para consensuar un plan de choque para atajar la situación. Más contundente fue la presidenta del grupo de Cs, Carina Mejías, que afeó al ejecutivo haber provocado la situación a base  de "mirar par otro lado", de "deslegitimar a la autoridad", de "desidia" y "permisividad" con "las ocupaciones ilegales".

Colau acusó al ejecutivo de "poner tiritas cuando se está expandiendo un tumor

Pero el más duro fue Jaume Collboni, socio de gobierno de Colau hasta hace unos meses.

El presidente del PSC en Barcelona acusó a la concejal del distrito de dialogar "poco, tarde y mal" y de haber ignorado a una parte de los vecinos, y al conjunto del ejecutivo, de haber reaccionado a la crisis apenas con "medidas paliativas, que es poner tiritas cuando se está expandiendo un tumor".

Collboni le entregó a Pin el plan de choque para Ciutat Vella con 34 medidas que había presentado el día antes, y que incluye de refuerzos del servicio de inspección y Guardia Urbana al nombramiento de un fiscal especial centrado en las problemáticas de prostitución, droga y ocupaciones ilegales que asolan el distrito.

Pin, que recibió el dossier de Collboni con cara de póquer y de tener malas cartas, replicó esgrimiendo medidas aplicadas durante su gestión, entre las cuales, enumeró, una inversión de 1,9 millones de euros en el plan de drogas, la creación de equipamientos de proximidad y 74 entradas policiales a pisos ocupados por narcotraficantes.

"No pueden decirnos que no tenemos un plan", vindico, y respondió a los reproches con reproches: "Solo les he oído hacer un uso partidista del problema".

Solo la CUP y Ardanuy se desentendieron de la reprobación

Solo el concejal no adscrito Gerard Ardanuy, que se abstuvo, y la CUP, que votó en contra, se desentendieron de la reprobación.

La "cupaire" Maria Rovira acusó al resto de la oposición de hipocresía y de "faltar al respeto" a los vecinos por abonarse al "barricidio" y desgastar ahora al gobierno denunciando una situación que todos ellos, dijo, "han contribuido a perpetuar" defendiendo politicas a su entender neoliberales y que castigan a los vecinos.

Intento fallido del PP

Apenas un par de horas antes del castigo por los narcopisos, en el pleno ordinario previo, el PP ya había intentado reprobar la gestión de Colau y su equipo de gobierno, pero, como ya le pasó hace un año, no consiguió tirar adelante la propuesta, porque la mayoría de grupos rechazaron darle apoyo con el argumento de que era demasiado genérica.

Sucede también que, en la larga precampaña que ya ha empezado para las municipales de 2019, todo es cálculo, y alinearse con los populares es, para muchos, lo que en jerga cinematográfica se conoce como veneno para la taquilla, con lo que con una votación de castigo en bloque basta.

Sobre todo teniendo en cuenta que, a falta de grandes proyectos que vender el último año de mandato, el gobierno de Colau apuesta por enfatizar en su discurso el obstruccionismo de la oposición.

Rehabilitación simbólica

Por lo demás, los grupos acordaron una declaración institucional de rechazo de la sentencia por el caso de la violación en grupo en Pamplona.

El pleno salvó las cuentas anuales de las empresas municipales y aprobó el plan del Barça y la reforma de la Nueva Bocana del puerto, amén de sendas propuestas en defensa de los CDR y solicitando la dimisión del ministro del interior, Juan Ignacio Zoido, por el dispositivo de seguridad de la final de la Copa del Rey, que volvieron a alinear a BComú con el bloque independentista.

Tampoco faltó el gesto simbólico de rigor. En este caso, la anulación de los expedientes de depuración de 1618 funcionarios del ayuntamiento que fueron purgados (922 destituidos y 696 sancionados o inhabilitados para ejercer cargos de mando) en 1939 cuando las tropas franquistas entraron en Barcelona.

Restitución que vino acompañada de la retirada de la medalla de oro de la ciudad a Miquel Mateu Pla, el alcalde falangista bajo cuyo mandato se llevó a cabo la purga. Solo el PP, que se abstuvo, evitó votar a favor de la medida, aunque sí avaló la rehabilitación de los funcionarios, aprobada de forma unánime.

La primera reprobación

Pese a que pueda parecer lo contrario, la de este viernes por Ciutat Vella es la primera reprobación que encaja Colau en lo que va de mandato.

La alcaldesa y su gobierno en minoría han sido objeto de numerosas votaciones de castigo estrictamente políticas (es decir, sin consecuencias directas prácticas) en el salón de plenos, pero hasta ahora siempre se ha acabado recurriendo a otras formulaciones que evitaban el término “reprobación”, una figura que los grupos prefieren reservar para ocasiones especiales.

Así, a instancias del Pdecat (que entonces todavía operaba en el ayuntamiento bajo la marca CiU), el pleno ya suspendió la gestión del equipo de gobierno en octubre de 2016 y en abril de 2017, cuando se suspendió el balance del ecuador del mandato.

Pero en la primera ocasión, en lugar de "reprobar", se optó por "lamentar" la política "de gestos" de Colau y pedirle un cambio de actitud, y en la segunda, la fórmula escogida fue la de "censurar" su gestión.

Trias encajó tres reprobaciones del pleno, todas ellas en su último año de mandato

Colau es la segunda alcaldesa reprobada por el pleno en el actual periodo democrático. El primero fue Trias, que encajó tres de esas reprobaciones, todas ellas en su último año de mandato: la primera, por Can Vies, se dirigió estrictamente contra él, las otras dos, por el descontrol turístico y el déficit de guarderías públicas, fueron castigos contra el conjunto de su gobierno.

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