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El equipo municipal de Bàscara plantea vender la sede del ayuntamiento, una antigua casa del siglo XVI, para paliar las deudas del pueblo

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«Se vende ayuntamiento. Vista a la plaza mayor, sin tránsito vehicular. Antigua casa del siglo XVI de tres plantas, reformada en los años 90, con patios interiores. Preguntar en el consistorio». Algo así podría ser el anuncio de venta del ayuntamiento de Bàscara, uno bonito pueblo en la orilla del río Fluviá, en la comarca del Alt Empordá, al norte de Cataluña.

Ahogado por las deudas, el municipio analiza poner en venta su sede consistorial por dos o tres millones, lo que se pueda recaudar para poder pagar las facturas atrasadas y los intereses que se acumulan: para el 2016, calculan que las deudas alcanzarán los 3.050.000 euros, lo que representa el 325% del presupuesto anual. Y si no se toman medidas, crecerá al 474% para el año que viene.

Una deuda inasumible

El gobierno municipal de Narcís Saurina (ERC) denunció que ni bien asumieron su cargo encontraron facturas sin consignar por 800.000 euros en los cajones. Tras encargar una auditoría financiera, surgió que Bàscara debe 1,5 millones del plan de proveedores, 180.000 más entidades bancarias, y un millón más a facturas de proveedores, «desde una empresa que vendió un parque infantil hasta el lampista del pueblo», dijo Saurina a la Agencia Catalana de Noticias.

El estudio reveló que el anterior gobierno de Lluís Lloret (CiU), que estuvo al frente de la alcadía por 30 años, gastó 4,6 millones en un polideportivo con piscina cubierta, pero que todavía no terminó de construirse, y 2,7 millones más en un hipódromo. Unas obras «desorbitadas» (según cita el alcalde) para un municipio de mil habitantes.

Denuncia ante los organismos de control

El gobierno municipal denunció que encontró facturas falsas y detectó irregularidades que fueron denunciadas al Síndico de Cuentas y a la Oficina Antifraude. Según la ACN, el equipo de gobierno tiene sospechas que el ex alcalde y su número dos cobraban «con sobres en negro».

Por ahora la abultada deuda no pone en riesgo la prestación de los servicios municipales, y las medidas de ajuste han permitido reducir el gasto anual en 120.000 euros.

La venta de la casa consistorial otorgaría un balón de oxígeno, pero el proceso puede ser largo, porque el inmueble está protegido por ser patrimonio histórico. Según el alcalde, con unas reformas mínimas su equipo puede trabajar en otro edificio cercano.

 

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