El juez del tribunal Supremo, Pablo Llarena

Llarena contradice a Grande-Marlaska con los presos

stop

El juez Pablo Llarena dice en un auto que la decisión sobre un eventual traslado a Cataluña de los líderes independentistas en prisión corresponde al Gobierno

Barcelona, 14 de junio de 2018 (16:40 CET)

El juez instructor del caso abierto por el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contradice a Fernando Grande-Marlaska. Si el nuevo ministro del Interior se ha mostrado favorable al acercamiento de los líderes independentistas encarcelados pero lo supeditaba a una decisión del juez. Llarena, en un auto dictado este mismo jueves, atribuía la decisión sobre un eventual traslado de los presos a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es decir, al Gobierno.

El cruce de afirmaciones, en todo caso, allana el terreno para acortar los plazos de un traslado efectivo de los presos a centros penitenciarios en territorio catalán que el Gobierno de Pedro Sánchez da la sensación de asumir como un gesto más de distensión con el Govern de Quim Torra, y que parece que ya es solo cuestión de tiempo.

Otro no a la libertad provisional

Las explicaciones que desmienten a Grande-Marlaska las hace Llarena en la resolución con la que vuelve a denegar una nueva petición de libertad provisional al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; al ex conseller Raül Romeva, y a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell

El magistrado aprovecha para precisar que no le corresponde a él decidir en qué centro penitenciario tienen que seguir los presos

El magistrado aprovecha para precisar que no le corresponde a él decidir en qué centro penitenciario tienen que seguir los presos, sino que, en base a lo que establecen Ley Orgánica General Penitenciaria, el reglamento que la desarrolla y la jurisprudencia existente tanto en el Tribunal Constitucional como en el Supremo, la decisión corresponde a Instituciones Penitenciarias, a quien las defensas de los encarcelados ya habían solicitado sin éxito el traslado.

 "Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil", había asegurado horas antes Grande-Marlaska en declaraciones a Onda Cero. 

Un argumento recurrente

Grande-Marlaska no ha sido el primero en utilizar el argumento de que la decisión es cosa del juez, que hasta ahora no se había molestado en rebatirlo. En las últimas semanas, ese mismo ha sido el mantra de PSC y PSOE cada vez que se les ha planteado la posibilidad, pero antes del cambio de la moción de censura que propició el vuelco en la Moncloa, el entonces presidente Mariano Rajoy ya había atribuído a Llarena la última palabra sobre ese asunto.

Llarena ha iniciado ya la última fase de su instrucción, dictando las últimas citaciones. El magistrado ha llamado a declarar el 26 de junio a seis testigos a petición de Junqueras y Romeva, entre los cuales están los periodistas Xevi Xirgo, director del diario El Punt Avui, y Núria Llorach, vicepresidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. También volverá a comparecer, ese mismo día y en este caso a petición propia, el ex conseller Joaquim Forn.

Portazo a la recusación

El magistrado, informa EFE, ha rechazado también este jueves la recusación que presentaron contra él los exconsellers fugados en Bélgica Toni Comín y Meritxell Serret al considerarla un "fraude procesal", que se produce a los seis meses de iniciar la instrucción. Comín y Serret presentaron el pasado 5 de junio en Bélgica una demanda civil contra el juez y, basándose en la misma, pretendían cuestionar la imparcialidad del magistrado, por lo que pedían su recusación.

En un auto, Llarena les responde que para que la existencia de un enfrentamiento en los tribunales con un juez pueda actuar como causa de recusación contra él, la cuestión debe haber sido planteada antes, y no después, de que este magistrado se ocupe de un proceso en el que quien le recusa esté implicado. Lo contrario permitiría un fraude de ley, recuerda el magistrado, cuya decisión no es recurrible.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad