Los abogados de Barcelona rechazan las tasas judiciales catalanas

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El Colegi d'Advocats denuncia que los catalanes recibirán una doble imposición por su derecho a una defensa porque recae sobre el impuesto estatal

Los 'consellers' Pilar Fernández Bozal (justícia), Francesc Xavier Mena (empresa) y Josep Lluís Cleries (familia) / EFE

15 de marzo de 2012 (20:23 CET)

El Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha rechazado de frente la implantación de las tasas judiciales en Catalunya. La institución ya se opuso a la medida cuando la Generalitat la anunció y ha recalcado que no es buena idea tras la luz verde que recibió del Parlament el miércoles pasado. En un comunicado, la institución denuncia que los catalanes sufren una doble imposición ante su derecho a una defensa porque la nueva imposición recae sobre el impuesto estatal.

Los letrados explican que la tasa autonómica, que será de 120 euros, “recae sobre los servicios de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional y esta tasa estatal grava la misma”. Es decir, “que el usuario no recibe otro servicio que no sea el único que deriva de el ejercicio de potestad jurisdiccional”. Incluso proponen una medida para evitar la doble imposición: “Exigir la transferencia a Catalunya de todos los recursos generados con la tasa judicial estatal”.

Con todo, afirman que la nueva imposición planteada por la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, debe ser “un instrumento excepcional y transitorio”.
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