Vista de la manifestación llevada a cabo en la plaza de la Universidad de Barcelona, en protesta por las cargas policiales del 1-O. EFE

Los funcionarios tendrán que recuperar las horas del “paro de país” del 3-O

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Los funcionarios catalanes tendrán que recuperar las horas que no fueron a trabajar y que la Generalitat aseguró que no se contabilizarían como ausencias

Economía Digital, con información de EFE

Vista de la manifestación llevada a cabo en la plaza de la Universidad de Barcelona, en protesta por las cargas policiales del 1-O. EFE

Barcelona, 23 de octubre de 2017 (22:36 CET)

Sorpresa entre los trabajadores de la administración pública de Cataluña. La Generalitat comunica ahora a sus empleados públicos que tendrán que recuperar las horas no trabajadas en el "paro de país" del pasado 3 de octubre en señal de protesta a las cargas policiales en el referéndum ilegal del 1-O, pese a que en un principio les garantizó que la ausencia en el puesto de trabajo no supondría ningún descuento salarial en sus nóminas. El Govern comunicó a la plantilla que tiene un plazo de cuatro meses para recuperar las siete horas y media de jornada correspondientes al día 3.

"El personal de administración y técnico y el personal laboral (...) tiene que recuperar el tiempo de ausencia total o parcial, preferentemente una vez acabada la jornada diaria habitual en el plazo máximo de cuatro meses", señala una nota informativa que se ha colgado en el portal del empleado de la Generalitat (ATRI).

 Los funcionarios catalanes tienen un plazo de cuatro meses para recuperar las siete horas y media de jornada correspondientes al 3-O

Esta decisión ha causado indignación entre los sindicatos mayoritarios de la función pública, que se quejan de que antes del "paro de país" la Generalitat les aseguró que estas ausencias no se contabilizarían y que, por tanto, serían similares a un permiso retribuido. Alegan que ese día hubo trabajadores interesados en acudir a trabajar, pero se encontraron en algunos casos el centro de trabajo cerrado o con dificultades de movilidad para llegar a ellos.

Además, lamentan que el ejecutivo catalán adoptara una decisión de este tipo en el consejo ejecutivo del pasado 10 de octubre y que no se haya dado a conocer hasta ahora.
 

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