En la imagen, de archivo, un furgón de la Policía Nacional. EFE/JJ Guillén

Macrorredada de la Udef por desvío de fondos públicos al 'procés'

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La Udef registra la Diputación de Barcelona y otras instituciones en busca de pruebas sobre el presunto desvío de fondos públicos para financiar el 'procés'

Barcelona, 24 de mayo de 2018 (08:47 CET)

Cerco policial a la financiación del procés. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional realiza este jueves una macrooperación en instituciones catalanas como la Diputación de Barcelona contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el proceso soberanista. En la macrorredada, en la que participan 500 policías desplazados desde toda España, se prevé la detención de una treintena de personas, según El Confidencial.

Los investigadores buscan pruebas sobre un presunto fraude masivo en subvenciones concedidas por instituciones catalanas para financiar proyectos culturales de fundaciones sin ánimo de lucro. Estas entidades, según las sospechas de la policía, no se gastaban en su totalidad para emplear el importe sobrante en financiar materiales y actos relacionados con el proceso soberanista. La Diputación de Barcelona sería la institución que habría concedido la mayor parte de las subvenciones fraudulentas, aunque los registros se extienden a Tarragona, Girona y Reus.

Algunas de las ayudas en cuestión se solicitaron para programas de promoción del catalán en el extranjero o fomentar la cultura catalana en el exterior, y haberlas destinado a otros fines podría constituir un delito de fraude en las subvenciones, que se sumaría a un delito de organización criminal. La operación, que podría alargarse durante hasta siete horas, se ha reforzado con la presencia de antidisturbios ante la posible presencia de miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) en protesta por los registros y las posibles detenciones.

Montoro negaba la financiación pública del 1-O

La financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre, convocado por Carles Puigdemont, fue objeto de controversia entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez que investiga los hechos delictivos vinculados al proceso soberanista, Pablo Llarena. Montoro, responsable de las cuentas catalanas desde la intervención financiera en 2015, negó que se destinaran fondos públicos para el referéndum, contra lo que creen el magistrado y la Guardia Civil.

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