Mas 'pasa' de la justicia y mantiene a Acciona en el negocio del agua

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Agbar amenaza con un nuevo recurso si no se cumple con el mandato del TSJC

19 de julio de 2013 (21:56 CET)

Artur Mas tiene otro problema. La privatización del agua en alta (del lugar de captación a los municipios) se ha salido de madre.

La sala cinco del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emitido tres nuevas interlocutorias en las que desestima definitivamente las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat, Acciona y Aigües de Catalunya, consorcio integrado por el grupo de los Entrecanales, el banco brasileño BTG Pactual y los socios locales (la familia Torreblanca-Godia y los Rodés).

Por ahora, Acciona seguirá en la gestión del servicio. Los actores principales saben que la batalla judicial es larga y extremadamente compleja.

Incertidumbre

Los tres nuevos documentos del TSJC rizan el rizo a una adjudicación pública que ha levantado polvareda desde que se puntuaron las dos ofertas que participaron en la puja, la de Acciona y la de Aguas de Barcelona (Agbar). La incertidumbre del proceso es tal que el Govern, incluso, ha permitido aplazar sine die el pago de 40 millones de euros en concepto de tributos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a la multinacional.

El momento judicial actual es bizarro: el máximo tribunal catalán ha decidido rechazar tres recursos del Govern y la empresa privada contra las interlocutorias que publicó la sala en marzo. En ese momento, declinó dejar sin vigencia una resolución de su órgano de mediación contractual (OARCC) que echaba a Acciona del concurso mientras decidía la pulcritud administrativa del proceso de adjudicación.

Sin análisis en detalle

En la práctica, el tribunal no ha entrado a analizar los detalles del concurso. Sólo se ha fijado en cómo justificó la OARCC dejar fuera a Acciona de la licitación. ¿El mediador puede cargarse el concurso? El espaldarazo de los magistrados ha sido unánime: sí. Las leyes de la Unión Europea dejan claro que sus resoluciones “tienen el privilegio de ejecutividad”, reza una de las interlocutorias.

Sólo un magistrado, Alberto Andrés Pereira, ha emitido un voto particular. Ratifica que las decisiones del OARCC se deben aplicar, pero pone en tela de juicio el impacto que supondría cambiar el gestor de ATLL (de Acciona a Agbar) para las cuentas catalanas. La operación permitió borrar de un plumazo casi 1.000 millones de euros de déficit público, el 0,51% del PIB catalán.

Ninguneo del tribunal

El Govern de Artur Mas y Acciona minimizan el nuevo revés jurídico. “Estamos ante un recurso contra un recurso que ya respondía a un tercer recurso”, afirman fuentes implicadas en el proceso. Los mismos interlocutores aseguran que, a efectos prácticos, las tres interlocutorias no tendrán un impacto inmediato en la gestión de ATLL. El grupo de los Entrecanales seguirá al timón del servicio.

El cordón de seguridad que en su día Presidencia desplegó alrededor de la adjudicación sigue vigente. También implica a los departamentos de Economia i Finances, dirigido por Andreu Mas-Colell; y Territori i Sostenibilitat, liderado por Santi Vila, quien llegó al Ejecutivo de Mas pocas horas después de que el secretario de la consejería, Pau Villòria, firmara el contrato con Acciona.

Tribunal Supremo

La Administración ha reiterado que pleiteará ante el Tribunal Supremo. Acciona, quien ha declinado hacer ninguna valoración sobre las nuevas interlocutorias, se remite al comunicado de marzo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Éste, iba en el mismo sentido que el Ejecutivo catalán. El argumento es que se siente legitimada para seguir al frente de la gestora de aguas y litigará en el tribunal superior. Aunque sus accionistas no piensen lo mismo; el TSJC ha dado la puntilla a un julio negro para este valor.

Los problemas del President se multiplicarán si, como afirman los expertos jurídicos consultados por este medio, pasa del mandato del TSJC y el OARCC. Esto implicará el desacato a todas luces del mandato del tribunal e incluso podría incurrir en un delito de prevaricación, aseguran los mismos interlocutores.

Pulso legal

Al otro lado del round, Generalitat y Acciona tienen a un rival difícil que ya ha decidido que invertirá los recursos que sean necesarios para mantener el pulso legal, Agbar. En este momento, la compañía presidida por Ángel Simón espera.

La pelota está en el tejado de la Generalitat. El entorno de la gestora de aguas participada por Suez Environnement y La Caixa confirma que recurrirán de nuevo a los tribunales para reclamar la ejecución de la interlocutorias.

Nadie se atreve a afirmar de forma contundente quién gestionará la red que da servicio a los depósitos de cabecera de los municipios.

Consumidor

La guerra del agua tiene otro efecto más allá de los tribunales y la hacienda pública. Los consumidores de la red Ter-Llobregat han visto como su factura se incrementó por la privatización del servicio.

La diferencia entre los precios de tarifas de los licitadores oscila entre los 5,2 y los 3,2 euros por habitante anual a partir de 2015, afirma el TSJC. Agbar, cuyo canon es más caro, asegura que su rival no absorbe los impuestos como sí lo hacía su tarifa. Quita hierro a la polémica con otra observación: la Generalitat ha aprobado una tarifa superior “de forma prácticamente simultánea a la resolución del concurso. Alegación que no han estado objeto de contradicción”, señala el tribunal.

Otro revés que el Govern deberá decidir cómo encaja. Como reitera el propio ejecutivo, en este momento, el máximo tribunal catalán aún no ha empezado a valorar el proceso en sí. Lo hará a la vuelta de las vacaciones.
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