Montoro pasa a Bruselas la crisis del céntimo sanitario

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La Agencia Tributaria espera que la Comisión aclare cuestiones técnicas antes de reembolsar el importe del gravamen

Protestas contra el céntimo sanitario I EFE

19 de marzo de 2014 (13:44 CET)

La polémica devolución del céntimo sanitario sigue dando de que hablar. Este miércoles, en sesión de control, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), ha asegurado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya ha recibido “un gran número de solicitudes” que reclamaban su devolución. Pero, por el momento, las peticiones se han quedado en stand by.

El ministerio ha pasado la patata caliente a la Comisión Europea, de la que espera una respuesta antes de proceder al reembolso el gravamen a los particulares que lo reclamen. El departamento que dirige Montoro quiere que se aclaren cuestiones técnicas que no han quedado claras en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

¿Vulneración del derecho comunitario?

La polémica radica de una directiva europea de 2003 en la que se estableció una cuantía mínima de tributación en los impuestos como los hidrocarburos. Fuentes de la Agencia Tributaria sostienen que Bruselas debe pronunciarse sobre si devolver ahora todo el importe implicaría quedarse por debajo de la recaudación mínima exigida.

Los mismos interlocutores avanzan que no sé sabe cuando recibirán una respuesta por parte de Bruselas. Hasta entonces, los particulares que quieran que se les reembolse el importe gravado (entre 2010 y 2012  para los solicitantes que no hayan interrumpido previamente la prescripción) pueden completar la solicitud en el formulario que la AEAT ha activado en su portal on line.

13.000 millones a devolver


En él, los interesados también encontrarán información sobre las instrucciones para su cumplimiento y los requisitos que el ministerio reclamará a cada interesado para efectuar el reembolso.

La crisis del céntimo sanitario estalló el pasado 27 de febrero, cuando la justicia europea declaró ilegal el gravamen que aplicaron durante años comunidades autónomas como Catalunya, Madrid y Galicia. El Gobierno podría verse obligado a devolver cerca de 13.000 millones de euros a los contribuyentes.
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