Los políticos Adriana Lastra (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) e Irene Montero (Podemos) durante un acto en el Congreso de los Diputados, el 27 de junio de 2019. Foto: EFE/Ballesteros

El Congreso derrocha 13 millones por la falta de Gobierno

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La paralización de las Cortes implica un gasto público millonario que se puede multiplicar si se convocan nuevas elecciones

Economía Digital

Los políticos Adriana Lastra (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) e Irene Montero (Podemos) durante un acto en el Congreso de los Diputados, el 27 de junio de 2019. Foto: EFE/Ballesteros

Barcelona, 07 de julio de 2019 (12:17 CET)

Tres meses después de las elecciones generales no hay gobierno y este hecho no impide que los miembros del Ejecutivo cobren a final de mes sin pisar el hemiciclo. Si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no consigue los apoyos necesarios para la investidura y se celebran de nuevo elecciones, el gasto público en sueldos de los miembros del Congreso ascendería a 13,2 millones de euros. 

Según apunta La Razón, desde el pasado 5 de marzo fueron sus 129 miembros de la Diputación Permanente –el órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento de las Cortes cuando éstas no están reunidas– quienes se encargaron de la actividad parlamentaria. Sus componentes continuaron percibiendo la cantidad que recibían anteriormente, por lo tanto, 60 fijos y los 60 suplentes percibían como mínimo el mencionado salario base de 2.972,94 euros y su correspondiente indemnización.

Estos más de 13 millones no representarían una cifra insólita de no ser por el contexto de continuas subidas y bajadas del telón legislativo y su consiguiente inactividad ya que si se celebrasen otras elecciones serían ya ocho meses en blanco, sin plenos ni comisiones a día de hoy que justifiquen la inversión económica.

Los casi 130 miembros de este órgano no solo cobran la asignación base durante ese periodo, sino que también ingresan los extras por haber desempeñado cargos en comisiones en la legislatura anterior. 

El finiquito de los Diputados

Otro de los gastos a los que ha hecho frente la Administración es la conocida como indemnización de transición –una percepción económica que reciben los diputados que dejan de serlo hasta que se celebran otras elecciones, siempre que acrediten que no tienen otros ingresos–.

En la anterior legislatura, un total de 216 diputados la solicitaron y solo cinco renunciaron a ella. Su reembolso supuso un coste de 1.252.000 euros. Dado que la representación pública no se considera "trabajo", los parlamentarios no tienen derecho a la prestación por desempleo.

Para cubrir ese vacío se fijó esta indemnización, que no se puede compatibilizar con ninguna otra retribución pública o privada. Hasta el momento, el Congreso ha autorizado el reembolso de más de 1,2 millones de euros por el cese a un total de 76 diputados de la anterior legislatura que no renovaron su cargo.

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