El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, durante su comparecencia en el Congreso / EFE / Mariscal

Anticorrupción se querella contra la consultora de Montoro

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La Fiscalía Anticorrupción se querella contra Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro y dirigida por ex altos cargos de su confianza

Barcelona, 25 de abril de 2017 (10:57 CET)

Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro y dirigida por personas de su máxima confianza, se enfrenta a una querella de la Fiscalía Anticorrupción. El motivo es una presunta adjudicación a dedo por parte del Consejo Superior de Cámaras de Comercio para realizar en 2012 un informe tasado en 216.000 euros.

La querella implica a Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda, a Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico y ex secretario de Estado y a los tres socios directores del bufete: Salvador Ruiz, Francisco de Asís y Manuel de Vicente-Tutor, todos antiguos altos cargos del ministerio.

El estudio encargado a Equipo Económico se centraba en la reforma de las Cámaras de Comercio de España. Según sostiene Anticorrupción, al tratarse de un organismo público, éste debía haber sido previamente sacado a concurso, cosa que nunca ocurrió. Aunque el precio finalmente pagado fue inferior al estipulado en un inicio, la tarifa superó con creces los 12.000 euros de máximo que marca la ley de adjudicaciones directas.

Equipo Económico: la consultora se benefició de una adjudicación directa muy superior a los 12.000€ que marca la ley

Montoro y Asociados S.L.

En 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristóbal Montoro fundó una consultora bajo el nombre de Montoro y Asociados S.L. Sólo dos años después, en 2008, el actual ministro de Hacienda abandonó la sociedad al convertirse en portavoz económico del PP en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, según desvela ABC, el apellido Montoro siguió estrechamente vinculado a la consultora. Ese mismo año entró en su accionariado Ricardo Montoro, hecho que hace sospechar a Anticorrupción de un posible caso de prevaricación y tráfico de influencias.

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