Rajoy, durante su declaración en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo
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El expresidente del Gobierno dice en el Supremo que el 155 fue la mejor solución dada la situación causada por la Generalitat, pero evita cargas las tintas

Barcelona, 27 de febrero de 2019 (19:04 CET)

Su declaración se esperaba como uno de los puntos álgidos del juicio del procés, pero, fiel a su fama de contemporizador, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy templó los ánimos este miércoles en su declaración en el Tribunal Supremo tras la alta tensión vivida en el careo que horas antes habían mantenido la que fue su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría,  y los abogados de los acusados.

Tanto cuando fue interpelado por estos como en respuesta a las preguntas de la acusación particular ejercida por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, Rajoy reinvindicó la aplicación del artículo 155 en Cataluña como la solución "más justa" para dar salida a una situación "imposible" y "excepcional" causada por la insistencia de la Generalitat en "liquidar" la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

A Rajoy le preguntaron por qué entonces y no antes, y fue categórico. Vino a decir que opiniones tiene todo el mundo y que todas son respetables, pero que la responsabilidad de tomar la decisión era suya, y que sopesó cuatro aspectos: el respeto a la legalidad, la preservación de la soberanía nacional, la prudencia y el intento de conseguir la máxima cantidad de apoyos posible para activar la intervención.

Acosos a alcaldes

Son los mismos criterios que ya había enunciado Sáenz de Santamaría, con la que compartió argumentario, pero de la que se distanció en el tono, más contenido. Así, y a diferencia de su exnúmero dos, Rajoy, evitó mentar la violencia, pese a no negarla cuando la esgrimieron la acusación particular o la fiscalía, que se apoyan ese factor para sustentar la existencia de los delitos de rebelión que achacan a nueve de los 12 acusados.

Rajoy se limitó a insistir en los "acosos" a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil o a alcaldes socialistas contrarios a las tesis independentistas. Cuando las defensas le insistieron en que los concretara, zanjó que "decir que no hubo acoso contra ningún alcalde es estar ciego", porque "lo vió todo el mundo que quiso verlo en los medios de comunicación".

El expresidente se esforzó en defender políticamente su postura y las decisiones tomadas respecto de la situación en Cataluña desde 2011 y hasta la aplicación del 155. E insistió en siempre tuvo "buena disposición al diálogo" con Artur Mas o Carles Puigdemont, pero también en que el límite era muy claro y por todos conocido: el cumplimiento de la ley. "No había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar de ninguna manera ese referéndum", remachó.

Revindicación del 155

La abogada del estado, Rosa María Seoane, le inquirió sobre por qué no aplicó el 155 cuando Mas convocó la consulta del 9-N, Rajoy enumeró el "sinfín de circunstancias" distintas en uno y otro caso.

Rajoy recordó que en 2014 ni hubo un pleno como el del 6 y 7 de septiembre de 2017, en el que se aprobaron leyes que derogaban la legalidad vigente ni tampoco una declaración unilateral de independencia, e insistió además, en su paciencia con Puigdemont, al que envió dos requerimientos previos a la intervención de la Generalitat pidiéndole sin éxito que aclarara si había declarado o no la independencia en su intervencion del 10 de octubre, 

Y, sobre la posibilidad de aplicar el estado de excepción, sitio y alarma, a preguntas de Ortega Smith, insistió en que nunca se lo planteó seriamente porque, como había apuntado Sáenz de Santamaría, habría comportado suspender derechos individuales de los ciudadanos catalanes. Y de lo que se trataba dada la excepcionalidad de la situación, era tan solo de cesar al gobierno de Puigdemont y convocar elecciones.

Rajoy se lia con Urkullu

Rajoy perdió pie en un par de ocasiones. La primera, al hacer referencia a la declaración de la exvicepresidenta, porque, en su condición de testigo, el expresidente no debería ni haber visto su comparecencia ni tampoco haber tenido contacto con ella. De ahí que el abogado de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, Jordi Pina, le preguntara cómo había tenido noticia de lo que había dicho su antigua número dos, a lo que respondió que se había informado mediante diarios digitales.

El segundo momento de zozobra fue cuando el propio Pina le preguntó por el papel del lehendakari Íñigo Urkullu, que a finales de octubre de 2017 terció entre el Gobierno y la Generalitat para intentar frenar in extremis la declaración de independencia y la aplicación del 155.

Rajoy negó que Urkullu ejerciera de mediador, porque no quería dar la sensación de que estaba negociando "el cumplimiento de la ley", y, tras afirmar que habló con él como con muchos otros y recordarle Pina que estaba bajo juramento, matizó que esos días atendió a mucha gente, pero que no recuerda si lo vió, habló por teléfono o simplemente intercambió mensajes.

El careo con las defensas obligó a intervenir continuamente al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que reconvino de forma reiterada a los abogados, especialmente al exconseller Francesc Homs, sobre la falta de pertinencia de muchas preguntas formuladas más en términos políticos —y tal vez diseñadas de cara a la galería o la emisión televisiva— que planteadas en términos estrictamente procesales.

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