Ada Colau dispara un 53% los gastos de personal en el Área Metropolitana de Barcelona

Los costes de personal se han disparado desde los 28,7 millones de 2015, cuando Colau asumió la presidencia del AMB, a los 44,2 millones del año 2021

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha disparado los gastos de personal en un 53,6% desde que Ada Colau llegó a la presidencia de este organismo supramunicipal en 2015.

El consejo del AMB aprobará en el pleno de este martes un presupuesto para 2021 de 875 millones de euros (el cuarto de mayor volumen del sector público catalán después del de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona -que lidera la propia alcaldesa Colau- y el de la Diputación de Barcelona).

El presupuesto del AMB para 2021 contempla unos gastos de personal de 44,2 millones de euros, un 4,73% más que el 2020. Desde el año 2015, esta partida se ha incrementado un 53,6%, puesto que el AMB preveía por entonces, bajo la presidencia de Xavier Trias, unos costes por este concepto de 28,8 millones de euros.

Evolución de los costes de personal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el período 2015-2021
Evolución de los costes de personal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el período 2015-2021

Con Colau al frente de la AMB, los gastos de personal han aumentado año tras año. De cara al próximo ejercicio resulta inevitable sospechar que la partida de personal se ha cuadrado a ojo porque se ha incrementado exactamente en 2 millones de euros, al pasar de los 42.212.430,10 euros de este 2020 a los 44.212.430.10 euros previstos para 2021. 

Un aumento de 5,5 millones tras las elecciones

El mayor incremento de los gastos de personal registrado durante la etapa de Colau al frente de la AMB se ha producido precisamente este 2020 —justo el año siguiente a las elecciones— al alcanzarse los 42,2 millones de euros. Los costes de la plantilla subieron de golpe 5,5 millones respecto al ejercicio anterior, un 15,2,% más.

Cabe decir que en 2020, el AMB absorbió la mayor parte del personal del desaparecido Consejo Comarcal del Barcelonés (CCB), pero esto solo explicaría una pequeña parte del incremento de los gastos.

El Consejo Comarcal del Barcelonés se liquidó a mediados de 2019. En su último ejercicio íntegro, el de 2018, sus gastos de personal sumaban 2,3 millones de euros, que son menos de la mitad de los 5,5 millones de incremento registrado por el AMB en el capítulo de personal en 2020.

Además, una pequeña parte de los empleados públicos del desaparecido Consejo Comarcal fueron absorbidos por los seis ayuntamientos que conformaron esta institución. Y los cargos políticos desaparecieron. Todo ello redujo la carga que luego asumió el organismo metropolitano.

Órganos de gobierno y personal directivo

Dentro de los gastos de personal en su conjunto también se han incrementado las retribuciones de los órganos de gobierno y del personal directivo. En 2020, esta partida alcanzó los 1,43 millones de euros, un incremento de 32,4% con respecto al poco más de un millón de euros asignado en el último año del mandato de Trias.

Pese a estos datos, Colau se presentará en el pleno metropolitano de este martes como la recortadora de las retribuciones de los cargos políticos. Según informó eldiario.es, Colau defenderá una reducción de las indemnizaciones y dietas que hasta ahora han percibido los alcaldes y concejales por asistir a las reuniones del AMB, ya sean plenarios, juntas o comisiones informativas.

La semana pasada, Colau envió una carta al vicepresidente ejecutivo, el socialista Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, para informarle de su propuesta de recorte de indemnizaciones a cargos políticos: por asistir a plenos, juntas de gobierno, comisiones ejecutivas o juntas de portavoces recibirán un máximo de 300 euros. En la actualidad, un vicepresidente podía ingresar hasta 885 euros por sesión. Además, la asistencia a comisiones informativas se pagará a 150 euros no acumulables.

Los consejeros rasos, por su parte, cobrarán una dieta de 300 euros para asistir a los plenos, que son 35 euros más de los 265 que percibían hasta ahora. En este caso, Colau les da una propina.

En realidad, Colau plantea esta reforma de las dietas por indicación del secretario de la AMB, que exigió que se ajustaran a la normativa.

Los 2,2 millones en asesores del AMB

No está previsto recortar, en cambio, la asignación a los asesores de los diversos grupos políticos. En julio del pasado año, el gobierno metropolitano y sus diversos grupos políticos nombraron a 42 asesores con una masa salarial global de más de 2,2 millones de euros brutos anuales.

Sorprendentemente, les pagaron la nómina desde el 1 de agosto, cuando la inmensa mayoría de los empleados, especialmente de los del sector público, empiezan las vacaciones. Entre estos asesores abundan los cargos orgánicos de partido a los que el AMB les paga el sueldo.

Previsiblemente, Colau superará el trámite de la aprobación de los presupuestos de AMB en el pleno extraordinario del consejo de este martes sin ningún problema.

Su gobierno cuenta con una holgada mayoría formada por los Comuns, PSC, ERC y por Junts per Catalunya. En la oposición solo está Ciudadanos, PP y grupos políticos locales como Barcelona pel Canvi, la formación de Manuel Valls.

Las recomendaciones de la Intervención General del AMB

El último informe de la Intervención General del AMB, el correspondiente al ejercicio 2020, detectó que los importes consignados en el capítulo 1 de gastos de la plantilla “no coinciden con los importes cuantificados en el anexo de personal”.

La Intervención pidió, en este sentido, incorporar al proyecto presupuestario una correlación precisa de los puestos de trabajo y sus consignaciones correspondientes.

Advirtió, además, que el dictamen de presupuestos, no concretaba por entidades la relación de personal. Y recomendó explicitar con claridad este punto “dada la variedad de entes pertenecientes al sector público que integran el sector público metropolitano”.

Dicho de otra forma, pidió menos bulto a la hora de presupuestar los gastos de personal en un AMB que integra organismos tan variopintos como el Instituto Metropolitano del Taxi, Transportes de Barcelona o el Consorcio del Parc de Collserola, entre otros.

Informe demoledor de la Sindicatura de Cuentas

En el siguiente pleno ordinario del AMB, el del próximo 24 de noviembre, el gobierno metropolitano deberá dar explicaciones respecto a los centenares de contratos menores irregulares detectados por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña al fiscalizar el ejercicio de 2016, el primero que Colau completó como presidenta.

Entre las irregularidades detectadas destaca la fragmentación de contratos (una práctica dirigida a no rebasar el límite de gasto para esquivar la adjudicación mediante concurso público), la concatenación de este tipo de convenios y la concentración en las mismas manos de proveedores.

La Sindicatura de Cuentas detectó en 2016 un total 109 contratos menores, por un importe conjunto de más de 2,5 millones de euros, en los que se superó el importe máximo que permite la ley. En otros 35, por un importe global 270.000 euros, se fragmentaron contratos en unas pocas manos de proveedores y en 38 más, por 468.000 euros, se les cambió el objeto. También se encontraron numerosas concatenaciones de contratos, que se repetían año tras año al mismo proveedor.

Marilén Barceló, concejal de Ciudadanos en Barcelona y portavoz de este partido en el consejo metropolitano, avanzó que pedirán explicaciones por los “dedazos” en la contratación menor del AMB. Ciudadanos ya llevó los contratos menores formalizados por el Ayuntamiento de Barcelona ante el Tribunal de Cuentas.

Miguel Jurado, concejal de Badalona y portavoz del PP en el ente metropolitano, apuntó que se incumple la obligación de publicar los contratos menores en el portal de transparencia. También formulará preguntas en el pleno para ser respondidas oralmente.

El Área Metropolitana de Barcelona está formada por 36 municipios en los que viven más de 3,2 millones de habitantes. El presupuesto que aprobará su consejo este martes tan solo corresponde a su funcionamiento. No comprende el de las grandes empresas públicas de transporte o de servicios.