Ana Botella, condenada por vender pisos públicos a fondos de inversión

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete de sus ediles por la venta irregular de pisos públicos. Deberán pagar 25,7 millones de euros por 18 promociones inmobiliarias realizadas en 2013, en plena crisis económica, de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.

Las ventas se realizaron por debajo del precio de mercado tal y como en su día reconocieron los informes de tasación y la Cámara de Cuentas, que en 2016 ya alertó de las irregularidades con las que realizaron estas ventas de vivienda pública.

En total, se vendieron 5.315 inmuebles por 128,5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas considera que las operaciones se realizaron por debajo del precio del mercado y que provocó «un menoscabo injustificado en el patrimonio público» de más de 22 millones de euros.

Así, determina que las viviendas se podrían haber vendido por un total de 151,2 millones. El Tribunal identifica otras irregularidades como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos y que no se garantizó la libre participación en los concursos, por lo que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.

Los cocejales recurrirán el fallo

Ademá de a Ana Botella, el Tribunal declara responsables contables directos a todos los concejales del equipo de gobierno de aquel entonces que además formaban parte de la Junta de la EMVS. Entre ellos están Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral.

Sin embargo, los concejales han mandado un comunicado en el que explican que van a recurrir la sentencia porque no intervinieron «ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a la que se refiere el Tribunal de Cuentas».

Además, defienden que solo ratificaron «el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado».

Demanda del Ayuntamiento de Madrid

Con esta sentencia, el Tribunal estima parcialmente la demanda presentada en 2017 por el Ayuntamiento de Madrid, que reclamaba un daño patrimonial por estas operaciones superior a los 55 millones de euros.

En la demanda el Ayuntamiento reclamaba una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, en plena crisis económica, cuando el consistorio necesitaba hacer caja para tapar la deuda.