Colau logra apoyos para imponer a los promotores un 30% de vivienda social

Colau consigue apoyos para aprobar inicialmente la medida a cambio de renunciar a la suspensión de licencias con que pretendía aplicarla de forma inmediata

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Cualquier promotor de pisos nuevos o de grandes rehabilitaciones en Barcelona deberá reservar un 30% para vivienda de protección oficial (VPO). El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este lunes la modificación de normativa urbanística que fija esa condición que, previsiblemente, entrará en vigor antes de final de año. Vistos los apoyos obtenidos de entrada, la aprobación definitiva se antoja un trámite.

Eso sí, para sacar adelante la votación, el gobierno municipal de Ada Colau ha tenido que renunciar a la suspensión de licencias de construcción que quería aplicar hasta que se apruebe definitivamente la medida, que parte de una iniciativa de entidades afines al partido de la alcaldesa: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio de Derechos Económicos y Sociales (DESC), el Sindicato de Inquilinos, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

Vigente en otoño

Superado el primer trámite en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, la medida sigue sin ser aplicable hasta que se complete la tramitación. Y, como se trata de una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), hace falta que, tras un periodo de un mes de exposición pública, sea certificada primero por la mayoría del pleno municipal y, finalmente, por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, que es a quien le corresponde formalizar la aprobación definitiva. La previsión es que eso se produzca el próximo otoño.

Hasta la aprobación definitiva, se podrán seguir solicitando licencias para promociones sin esa reserva social

El consistorio pretendía no conceder más licencias de obras en el intervalo que transcurrirá entre el trámite de hoy y el ok definitivo, salvo que los promotores aceptasen incluir ya ese 30% de vivienda social preceptivo en unos meses. Pero, después de que La Vanguardia publicara la semana pasada los planes de la alcaldesa de dictar esa suspensión de licencias, el sector puso el grito en el cielo, y los grupos de la oposición han forzado al ejecutivo de Barcelona en Comú a rectificar. 

Es decir, hasta la aprobación definitiva, se podrán seguir solicitando licencias para promociones sin esa reserva social. El acuerdo lo han cerrado el gobierno municipal con los grupos del PSC, ERC y la CUP, que han votado a favor de la iniciativa. El Pdecat, Cs y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy se han abstenido. Solo el PP ha votado en contra de la medida.

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