Colau paga 40.000€ a los okupas de Tres Lliris para que arreglen su local

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pagado 40.000 euros a los okupas del local Tres Lliris, ubicado en la calle Nil Fabra del barrio de Gracia, para que lo arreglen y acometan distintas obras, según ha denunciado la concejal de Valents y candidata a la alcaldía de Barcelona Eva Parera.

«Los barceloneses no pagamos impuestos para mantener a los okupas y financiar sus fiestas», ha criticado Parera a través de un comunicado y ha dejado bien claro: «Con esta actitud lo único que consigue Colau y PSC es provocar un efecto llamada y convertir Barcelona en un paraíso okupa».

«Primero cedieron el local de Nil Fabra a grupos okupas», ha recordado Parera. Posteriormente, ha proseguido remarcando que esta decisión «le ha costado la imputación al concejal Eloi Badia por presunta malversación y prevaricación».

Tras criticar que el consistorio barcelonés permita a los okupas «todo tipo de fiestas que molestan a los vecinos», ha afeado que ahora «les paguen las obras». Por ello, ha sentenciado: «Okupar no es un derecho, es un delito».

Conflicto con los propietarios de la Casa Orsola

Sin embargo, esta no es la única polémica que rodea a la alcaldesa respecto a la vivienda. Recientemente, Lioness Inversiones, el fondo propietario de la Casa Orsola, anunció la interposición de una demanda contra Colau por «prevaricación, difamación, amenazas y coacciones».

Tras adquirir el edificio modernista, emplazado entre la calle Consell de Cent y Calàbria, el fondo envió un burofax a los inquilinos para comunicarles que una vez finalizaran sus contratos de alquiler deberían abandonar sus viviendas. Sin embargo, los inquilinos se movilizaron y reclamaron una renovación del contrato por un periodo de siete años y por el mismo importe de alquiler.

Ante esta situación, la alcaldesa de Barcelona decidió enviar una carta a los propietarios del edificio para reiterarles la voluntad del Ayuntamiento de mediar una renovación «inmediata» de los contratos de alquiler. Pues, según apuntó, dentro del edificio viven cinco familias a las que se les ha acabado el contrato de alquiler «sin que se les ofrezca la posibilidad» de renovación.

Así, aseguró que expulsar a vecinos «que llevan muchos años viviendo en el edificio y que han pagado siempre los alquileres fijados por la propiedad» para ofrecer alquileres de corta duración y a precios superiores a la capacidad adquisitiva de la población no es el modelo que necesita Barcelona.

Para la alcaldesa, estas prácticas promueven la especulación, incrementan la gentrificación y «atentan contra un derecho tan fundamental como es el de acceso a la vivienda», en un momento en el que considera que se necesitan alquileres estables y precios razonables.