Coronavirus: los autónomos claman por estar fuera del plan de choque

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado la petición de este colectivo y no ha suspendido la cuota durante los próximos meses

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Parece que el plan de choque de Pedro Sánchez contra el coronavirus no es suficiente para todos. El colectivo de autónomos en España ha salido mal parado de las ayudas del Gobierno ante la crisis económica que generará la pandemia.

Su protesta principal, dicen, es que el Ejecutivo ha ignorado la petición de suspender el pago de la cuota durante los próximos meses, algo que habían solicitado los días previos.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), no ha dudado en señalar al Gobierno: «Ha dejado en la cuneta a los autónomos». Amor cree que lo que tocaba era «la cotización cero», es decir, suspender las cotizaciones. «Es un clamor, una vergüenza, se han echado encima a los autónomos», ha añadido.

El portavoz de ATA concretó que lo que ha decidido Sánchez es no cambiar nada. «Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella, pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento en el que no ingresamos nada», dijo en Twitter

Desde ATA también afean la propuesta de moratoria fiscal, que se puso sobre la mesa en el anterior Consejo de Ministros. Entienden que es una medida que ya tenían a su alcance con anterioridad, cuando podían «solicitar esos aplazamientos sin aval de sus impuestos desde la pasada crisis».

Programa de medidas de Sánchez

Las reclamaciones de ATA llegaron minutos después de que el presidente del Gobierno anunciara la mayor movilización de recursos económicos de la historia de España para afrontar la devastadora crisis causada por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a su anuncio, el Ejecutivo destinará para esta crisis un total de 200.000 millones, de los cuales 117.000 serán de origen público y el resto llegarán desde la iniciativa privada.  

El gesto de Sánchez sigue al de países como Alemania y Francia: una masiva inyección económica de recursos públicos con el objetivo de que ninguna empresa que pase «por un problema de liquidez se transforme en un problema de solvencia». 

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