Cs se querellará por el acuerdo sobre Puigdemont y los demás suspendidos
Carrizosa anuncia una demanda penal contra la mesa y el letrado mayor del Parlament tras el acuerdo para que la cámara vote la suspensión dictada por el TS
El alambicado acuerdo entre JpC y ERC sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados suspendidos por el Tribunal Supremo (TS) puede acabar en los tribunales. Ciudadanos (Cs) ha anunciado este viernes que presentará una querella contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que avalaron el acuerdo sobre Carles Puigdemont y el resto de los diputados suspendidos en julio por el Tribunal Supremo.
El acuerdo, anunciado el miércoles, implica que que cada diputado pueda ser sustituido a la hora de las votaciones por algún otro miembro de su grupo parlamentario, pero también simular a la vez que la suspensión no está vigente. Y, para hacerlo, el plan es elevar al pleno una doble votación, que está previsto que se lleve a cabo el próximo martes 2 de octubre. De manera que, justo antes de votar esa fórmula de sustituciones, el pleno decidirá si «acuerda» o no la suspensión de los diputados.
Puigdemont, suspendido a todos los efectos
Esa segunda votación está diseñada para, a la práctica, dejar la primera en una mera declaración de intenciones sin efectos prácticos, porque, por más que sea rechazada por la mayoría independentista del Parlament, la suspensión seguirá vigente a todos los efectos. Tanto por lo que respecta a las votaciones en el pleno, de las que todavía no ha habido ninguna desde que se dictó la suspension y en las que los procesados no participarán, como por lo que respecta al sueldo, que llevan sin cobrar desde julio.
Pese a que el enrevesado mecanismo pactado entre JpC y ERC no tiene más utilidad que la propagandística, el caso es que se está sometiendo a votación una decisión judicial, y Cs entiende que eso supone regresar al terreno de la desobediencia a los tribunales por la que está procesada y en prisión preventiva la anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El acuerdo pasaba este viernes el primer filtro, el de su aprobación en forma de dictamen por parte de la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament. Cs, PP y PSC han pedido retirarlo del orden del día, con el argumento de que cualquier fórmula sobre cómo aplicar la suspensión debería tomarla la Mesa del Parlament, que es quien finalmente trasladó el asunto a la comisión. Como el dictamen no se ha retirado, Cs ha abandonado la comisión.
Ultimátum de Ciudadanos: o marcha atrás o querella
El portavoz del partido naranja, Carlos Carrizosa, ha hecho «un último llamamiento a la cordura y a que se acate la suspensión», y ha advertido que, si el asunto se vota finalmente en el pleno de la semana que viene, su formación presentará una demanda penal contra la mayoría independentisa de la mesa, encabezada por el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, por trasladar el asunto a la comisión y al pleno, y contra la mesa de la comisión, por mantener el asunto en el orden del día.
Carrizosa ha añadido que la querella también incluirá al letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, porque «debía forzosamente advertir a la mesa de que no se podía votar este extremo» pero en cambio, «se ha abstenido de hacer cualquier tipo de advertencia». Ridao, que fue secretario general de ERC, fue designado para el cargo el pasado julio tras la renuncia de Antoni Bayona, que pasó a ser letrado raso tras numerosos encontronazos con la mayoría soberanista.
