Joan Ridao, propuesto por Torrent como nuevo letrado mayor. EFE/Julián Martín

Torrent escoge a un exlíder de ERC como jefe de los abogados del Parlament

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El presidente del Parlament propone a Joan Ridao como letrado mayor de los servicios jurídicos de la cámara en plena pugna con Llarena por las suspensiones

11 de julio de 2018 (12:50 CET)

La mayoría soberanista se decanta por el ex secretario general de ERC Joan Ridao como letrado mayor de los servicios jurídicos del Parlament. El presidente de la cámara, el también republicano Roger Torrent, lo propondrá mañana como letrado mayor a la mesa del Parlament, que es quien tiene que tomar la decisión, y donde Esquerra y Junts per Catalunya (JpC) cuentan con mayoría, según ha avanzado Europa Press y han confirmado a Economía Digital fuentes parlamentarias.

El letrado mayor es el que ejerce de coordinador de los diez abogados que integran los servicios jurídicos de la cámara, y es el número dos del secretario general del Parlament, Xavier Muro, máximo responsable del aparato administrativo de la institución.

Ridao fue secretario general de ERC y portavoz del grupo republicano en el Congreso de 2008 a 2011. Licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Barcelona (UB), y profesor de Derecho Constitucional en la misma UB, en 2013 fue nombrado miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat a propuesta de ERC, y a principios de 2017 ganó la plaza como letrado del Parlament.

Alta tensión

El cargo de letrado mayor estaba vacante desde el 5 de junio, cuando Antoni Bayona renunció como consecuencia de la alta tensión política a que durante meses ha sido sometido el Parlament y pasó a ejercer como letrado raso.

Bayona rechazó la legitimidad del referéndum y a finales de la pasada legislatura, junto con el secretario general, tuvo graves enfrentamientos con la antecesora de Torrent, Carme Forcadell, al negar la base jurídica de muchas de las decisiones tomadas por esta y por la mayoría independentista. 

La bronca llegó al punto más alto cuando el Parlament aprobó las leyes del referéndum y de desconexión, en el pleno del 6 y el 7 de septiembre pese a que Bayona, Muro y la secretaria de los servicios jurídicos, Elisabeth Riambau, se negaron a participar en su tramitación y advirtieron por activa y por pasiva de las consecuencias penales en las que podía incurrir la cámara, según testificaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Nueva pugna con Llarena

Uno de los últimos desencuentros  se produjo a raiz de la decisión de la mesa de presentar una querella por prevaricación contra el juez que instruye la caussa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de nuevo pese a las advertencias, esta vez verbales, de los servicios jurídicos, que alegaron además que sus integrantes no son expertos en derecho penal. La querella al final se quedó en una denuncia, que no fue admitida a trámite.

En el pleno de la semana pasada, los servicios jurídicos hicieron constar en acta su recomendación por escrito de no celebrar el debate sobre la moción rupturista de la CUP que se acabó aprobando y cuya impugnación al Tribunal Constitucional el Gobierno ya ha anunciado.

El relevo llega ahora con otra pugna con Llarena, esta por la suspensión de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros cuatro diputados procesados, dictada por el juez este martes. Tanto los grupos de JpC y ERC como el propio Torrent han advertido que se mirarán con lupa el auto de Llarena y que presentarán batalla para evitar la pérdida de los escaños de los afectados.

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