El Gobierno se desvincula de la decisión del CNI de espiar a independentistas

El Gobierno se ha desmarcado este jueves del espionaje que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha reconocido en la Comisión de Secretos Oficiales que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados y que ha levantado ampollas tanto en Unidas Podemos, como entre los independentistas vascos y catalanes de EH Bildu y ERC.

Desde la Moncloa aseguran que no dieron la orden de ejecutar la acción de espionaje a unos 18 líderes independentistas, una vigilancia que el CNI monitorizó con autorización judicial del Tribunal Supremo. Entre los afectados se encuentra el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien se le realizaron escuchas cuando era vicepresidente y conseller d’Economia.

Así, el Ejecutivo considera que el Gobierno «ni sabía ni tenía que saber» a qué personas estaba espiando el CNI. Tampoco consideran que tengan que saber cuáles son los argumentos del juez para autorizar las escuchas. No obstante, defienden también que el CNI ha actuado en escrupulosa legalidad tras haber observado la documentación aportada por la directora del órgano.

Cabe ahora esperar cuál será la decisión que tome el bloque independentista, aunque el Gobierno sostiene que la puerta al diálogo y a la negociación sigue abierta. Por el momento, tanto Unidas Podemos como los independentistas han pedido desclasificar la información aportada por Esteban, una decisión que está todavía por tomar.

Pero no hay que obviar que las escuchas se realizaron a unos 65 líderes independentistas, así como a la ministra de Defensa, Margarita Robles y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La inteligencia española ha negado ser la responsable en estos casos, que afectarían a unas 40 personas aproximadamente.

No obstante, hay que tener presente que el uso de Pegasus, el software espía desarrollado por la compañía israelí NSO Group, igual que su servicio de recogida de datos y entrega de copias, solo lo pueden contratar Gobiernos, por lo que, como ha opinado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, todo a punta a que, o bien hay otra institución u órgano del Estado implicado, o bien hay una potencia extranjera espiando a los representantes del Estado en España.

Desde ERC, no obstante, han levantado el velo de la sospecha sobre el Ministerio de Interior. Al respecto, el Ejecutivo negó con rotundidad hace unas semanas que ni la institución ni cualquiera de los cuerpos que gestiona pudiera estar implicado en una presunta trama de espionaje a políticos y ciudadanos del Estado, pues muchos de los afectados no son solo políticos, sino que también hay activistas, abogados y periodistas vinculados al independentismo catalán.