El Gobierno y el PP inician una guerra por el voto joven a través del alquiler de las viviendas

Moncloa alquilará 50.000 casas de la Sareb, pero 15.000 están aún sin construir. Mientras, Feijóo propone un acuerdo de Estado de Vivienda

MADRID, 18/04/2023.- La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño (d), y la ministra de Política Territorial y Portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el complejo de La Moncloa. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

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Los alquileres y el acceso de los jóvenes a la vivienda han servido de excusa para una nueva confrontación de modelos entre el Gobierno y el Partido Popular. A raíz del acuerdo del PSOE y sus socios con la nueva legislación en esta materia y la aprobación del Consejo de Ministros este martes de un plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esa sociedad pública, la guerra por el voto de los colectivos afectados ya está en marcha, en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Estas instituciones son, de hecho, las que tienen las competencias de vivienda en nuestro país.

Así, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, por «reconstituir» el parque público de vivienda en España y por «aprovechar el cien por cien de los activos» del llamado ‘banco malo’. Según sus datos, la Sareb cuenta con un stock de 21.000 casas que podrían servir para uso social, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas, y de suelos disponibles en los que se podrían desarrollar 15.000 viviendas y otros proyectos. «Estamos aumentando en un 50% el parque público de vivienda, y eso teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene la competencia directa de la gestión de la política de vivienda», ha aducido la número 2 del Gobierno.

Pero no son los únicos que han decidido poner este martes el foco en el alquiler. El PP ha presentado su plan de Vivienda y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un pacto de Estado de Vivienda con ayudas de 1.000 euros a jóvenes para cubrir gastos, alquileres un 40% más baratos y desalojos inmediatos de okupas. En materia de alquiler, ampliará el Bono Alquiler Joven, ofrecerá una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para gastos objetivos de acceso a la vivienda y concederá el aval para cubrir la fianza legal solicitada para jóvenes con rentas medias y bajas.

50.000 casas de la Sareb en alquiler

La batalla está sobre la mesa. De momento, el plan que Moncloa ha presentado y puesto en marcha incluye la Estrategia de la Sareb para movilizar esas 21.000 viviendas, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización y habitabilidad, mediante acuerdos de venta a comunidades y ayuntamientos para alquiler social o asequible. Calviño ha apuntado que el parque público de vivienda en España está formado por 300.000 unidades, lo que supone el 3 % del total, frente al 9 % de media en la Unión Europea.

La Sareb se creó en 2012 para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008 y está controlada por el Estado desde el año pasado. La vicepresidenta Calviño ha recordado que desde entonces se ha tenido que incluir «más de 34.000 millones de euros de deuda en el perímetro público» y que la nueva Estrategia de la sociedad también incluye la «cesión de suelos para construir hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos». También ha apuntado que el parque público de vivienda en España está formado por 300.000 unidades, lo que supone el 3 % del total, frente al 9 % de media en la Unión Europea.

Pero, de momento, nada de recoger el guante de la oposición y alcanzar un pacto de Estado de Vivienda. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado que para llegar a tal punto «hace falta corregir la actitud del principal partido de la oposición, que roza la falta de institucionalidad de sus presidentes, cuando ante unos trabajos, primero del Gobierno, después del Parlamento, lo primero que dicen es que se van a saltar la ley. Es intolerable que haya presidentes autonómicos que digan abiertamente la ley de Vivienda. Viendo que le jefe se salta la Constitución [en relación al bloqueo del CGPJ], será marca de la casa», ha creído Rodríguez.

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