El independentismo sube la tensión en la recta final del 10-N
El govern Torra anuncia una ofensiva "política y judicial" contra el decreto digital de Sánchez mientras el Parlament reafirma su desafío al Constitucional
En el debate del lunes, fueron Pedro Sánchez y la oposición constitucionalista quienes, en franca competencia con Vox, subieron el tono a la hora de proponer mano dura contra el independentismo, sin representación en el plató de la Academia de la Televisión. Así que este martes, a modo de reacción y salvado ya el ecuador de la campaña, tocaba turno para el soberanismo, que, a cinco días de los comicios, también elevó el volumen del ruido de sables.
Dos reacciones airadas y desafiantes del Parlament y el govern a sendas maniobras del gobierno activadas este martes sintetizan esa dinámica propia de un pulso cronificado.
Este martes el Constitucional reiteró sus advertencias al presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros de la Mesa de la cámara, y suspendió la tramitación de una iniciativa conjunta de JxCat, ERC y la CUP que reitera la reprobación de la monarquía y su aval al derecho de autodeterminación. El TC dictaba la suspensión al admitir a trámite por unanimidad el incidente de ejecución de sentencia planteado la semana pasada por el Gobierno una vez que la Mesa aceptó elevar al pleno el debate de la moción, pactada por los partidos independentistas a modo de reacción a la sentencia del Supremo en la causa del procés.
La réplica de Torrent fue dejar claro que no piensa hacer caso de la suspensión. El presidente del Parlament, de ERC, reafirmó que no permitirá “que entre la censura” en la cámara porque lo que está en juego “la libertad de expresión” de los diputados, y consideró una “anormalidad” que el alto tribunal se reúna en plena campaña electoral “para amenazar al Parlament”.
El govern presenta batalla por la «república digital»
Mientras Torrent desafiaba al TC, el ejecutivo de Quim Torra anunciaba que presentará batalla contra el decreto-ley de seguridad digital anunciado el viernes por Pedro Sánchez y que este martes se publicó en el BOE. El decreto, diseñado para cortocircuitar los planes de desarrollar una “república digital” del ejecutivo de JxCat y ERC, establece que los servidores que alojen información procedente del censo electoral, el padrón y otros registros de población, así como datos fiscales o de los usuarios del sistema nacional de salud, deberán estar ubicados en territorio europeo, algo que entra en colisión con la estrategia de la Generalitat, que apenas tardó unas horas en cargar contra el decreto.
El conseller de Políticas Digitales consideró que la norma es «un 155 por la puerta de atrás» y “el mayor proceso de recentralización” desde la LOAPA (la ley de armonización del proceso autonómico), por lo que anunció una “ofensiva política y judicial” contra la misma. Los servicios jurídicos de la Generalitat ya estudian qué margen hay para la presentación un recurso ante Constitucional por invasión de competencias.
Budó carga contra el Rey y acusa a Sánchez de «catalanofobia»
A esos dos puntos de colisión hay que sumarle las andanadas de la portavoz del govern, Meritxell Budó, contra al Rey, Sánchez y los líderes de PP, Cs y Vox.
Al monarca, la consellera portavoz le acusó de volver a tomar partido, ahora en campaña, por el discurso con el que cerró el lunes la entrega de los premios Princesa de Girona, y en el que abogó por una Cataluña «plural e integradora» en la que no tienen cabida «ni la violencia, ni la intolerancia, ni el menosprecio a los derechos y libertades de los demás».
Además, Budó metió en el mismo saco, el de la “catalanofobia”, al presidente del Gobierno y a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. La consellera consideró que Pablo Iglesias fue el único participante en el debate que no cayó en la “deriva anticatalanista”, y que el compromiso que adquirió Sánchez en televisión de “traer de vuelta” a Carles Puigdemont para que “rinda cuentas ante la justicia española” es “un hecho gravísimo” que evidencia que el Gobierno “ha olvidado del todo la separación de poderes”.
Puigdemont, Sánchez y los GAL
Claro que más airada fue la reacción del propio expresident, que blandió la relación de los socialistas con los GAL. Puigdemont difundió un mensaje dirigido a Sánchez en su cuenta de Twittter en que argumenta que solo hay dos formas de que cumpla su promesa, y que “las dos son ilegales”. Una, que las decisiones del poder judicial las tome el consejo de ministros. La otra, recurrir al secuestro de personas, una práctica, dice Puigdemont, que “un ministro y otros dirigentes socialistas ya practicaron en el pasado”. “¿Me quiere usted secuestrar, señor Sánchez?”, concluye el president.
.@sanchezcastejon solo tiene dos maneras de cumplir su promesa electoral, y las dos son ilegales: tomar las decisiones del Poder Judicial en el Consejo de Ministros o volver al secuestro de personas, como hacían dirigentes de su partido en el pasado https://t.co/GthZVkrNrI pic.twitter.com/JItvLqA3gt
— Carles Puigdemont (@KRLS) November 5, 2019
Claro que está por ver qué queda bajo la espuma de tanta soflamas y tanta escalada verbal de recta final preelectoral. Valga como ejemplo la resolución de la discordia en el Parlament, que pese a estar diseñada a modo de réplica al Supremo, finalmente no se tramitó por el procedimiento de urgencia, con lo que ni siquiera hay todavía fecha para que se eleve al pleno, aunque inicialmente se había dicho que iría al primero tras las elecciones, el programado para el 12 y el 13 de noviembre.
De hecho, el vicepresidente primero del Parlament, el diputado de JxCat Josep Costa, aprovechó para recordar que fue la negativa de la CUP fue la que impidió tramitar la propuesta de forma exprés, como quería JxCat, dando así “una respuesta política a la sentencia” y evitando, de paso, “que el gobierno español y el TC pudieran interferir”. Quedan cuatro días de campaña y los cuperos, que se presentan por primera vez al Congreso, pueden rascar votos a ERc y a los posconvergentes, así que una pulla, como una buena subida de tensión, nunca está de más.
