La Fiscalía archivará la investigación sobre la fortuna de Jersey de Juan Carlos I

Los fiscales que investigan la fortuna de Juan Carlos I en Jersey no encuentran indicios de delito y se preparan para archivar la causa. Así se desprende del borrador de archivo de las diligencias de investigación sobre la presunta fortuna del rey emérito en la isla de Jersey. El equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios «que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón» y apunta que por lo tanto «procede acordar el archivo de las diligencias de investigación».

«Desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular la empresa The JRM 2004 TRUST con S.M.D. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», concluye el borrador.

Ésta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas black sufragadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

El documento de 20 páginas, adelantado este lunes por la Cadena Cope, aun debe ser firmado por Luzón, que dirige las investigaciones tras el fallecimiento del anterior teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado.

El borrador concluye que The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos trust: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente y «de los que fue beneficiario el entonces Rey de España» -cabe recordar que hasta su abdicación en 2014, Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad recogida en la Constitución-.

Luzón añade que no existe actualmente «documentación soporte disponible» sobre esos dos trust y que «probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados».

Cuantías que no comportan delito

A partir del 19 de junio de 2014 -fecha en la que se hizo efectiva la abdicación y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad del emérito- «las disposiciones de JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido entregados eventualmente a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».

Así, resalta en las conclusiones que no concurren indicios que permitan «dirigir reproche penal» contra el emérito y el fiscal jefe Anticorrupción resalta que por lo tanto «procede acordar» el archivo de las diligencias de investigación 44/2020.

Creación The JRM 2004

Según adelanta la COPE, The JRM 2004 se constituyó en el paraíso fiscal de Jersey en 2004 por el historiador Joaquín Romero Maura, que fue consejero del emérito. Se creó como la fusión de fondos de los otros dos trust que fueron iniciativa del ya fallecido Manuel de Prado y Colón Carvajal. Luzón indica que parte de los fondos de esos dos trusts originales procedían de donaciones realizadas entre los 50 y los 70 a Juan Carlos I como motivo de apoyo.

Luzón explica que en los años 90 «la finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey Don Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario». Pero como en 2004 la situación política en España era estable, el emérito, como indica Luzón, «decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura».

El AVE a la Meca

Otra de las vías de investigación es la relativa a los 80 millones de euros que, según la examante del rey emérito Corinna Larsen, se habrían repartido entre varios, incluido el propio Juan Carlos I, por la adjudicación en 2011 del proyecto del AVE a La Meca a empresas españolas

El Ministerio Público asumió en junio de 2020 estas pesquisas, derivadas de las diligencias previas que Anticorrupción abrió en diciembre de 2018 a raíz de unas grabaciones incorporadas a la pieza 5 del denominado ‘caso Villarejo’ en la Audiencia Nacional. En concreto, se trata de los audios grabados en 2015 por el comisario jubilado en una conversación con el empresario Juan Villalonga y Corinna Larsen. 

En esta conversación, Larsen aseguraba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas. El juez del ‘caso Villarejo’ abrió una investigación que acabó cerrando a los dos meses por falta de pruebas y la inviolabilidad de Juan Carlos I. 

Las tarjetas de Sanginés-Krause

Sobre los posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos, que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, el Ministerio Fiscal notificó a la defensa del emérito en noviembre de 2020 que las tendría en cuenta a la hora de determinar la validez de la declaración voluntaria que hizo pública el emérito ante la autoridad tributaria, en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.

Fuentes próximas a la regularización confirmaron entonces a Europa Press que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó el despacho de Sánchez-Junco -que ejerce la representación legal del monarca-, correspondería a donaciones superiores a 800.000 euros. El dinero, presuntamente donaciones del empresario mexicano, se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.