La Fiscalía no pasa del aprobado raspado en materia de transparencia

La Fiscalía General del Estado ha quedado retratada como uno de los organismos constitucionales más opacos del país. El ministerio público dirigido por Dolores Delgado apenas ha logrado una puntuación del 53,6% en el portal de transparencia, como resultado de la falta de información obligatoria sobre su funcionamiento. La nota le deja como la segunda peor institución de la clasificación a nivel nacional.

El último examen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le ha concedido un aprobado raspado, como consecuencia de alguna de las deficiencias encontradas. Buena parte de ello se debe a la ausencia de algunos contenidos obligatorios sobre la información económica, presupuestaria y estadística.

La Fiscalía también adolece de falta de transparencia sobre las indemnizaciones que abona por el cese en el puesto de algunos de los altos cargos de la institución, una información que está obligada a publicar al tratarse de un órgano constitucional, según han apuntado los analistas en sus valoraciones.

Si el ministerio público no está al final de la lista es porque el Consejo Económico y Social (CES) todavía ha obtenido una nota peor con un suspenso: la publicación de información obligatoria solo alcanza el 48%. Más de la mitad de los datos que debería dejar al alcance de la ciudadanía no está disponible.

Los analistas del Consejo de Transparencia han penalizado la ausencia de documentos sobre el bloque económico y presupuestario, así como la falta de más datos que aclaren las retribuciones y la trayectoria profesional de los máximos responsables de la organización. En este caso, tampoco se aclaran las indemnizaciones que obtienen los altos cargos al abandonar sus puestos.

El Tribunal de Cuentas es la organización más transparente del Estado

Los datos de la Fiscalía y del Consejo Económico y Social contrastan con otros organismos constitucionales que sí que han aprobado el examen de transparencia, y con nota. El Tribunal de Cuentas se ha llevado una calificación del 87,4%, rozando el sobresaliente.

Los supervisores han valorado positivamente que haya puesto a disposición de la ciudadanía todos los contenidos obligatorios por ley, pero también material adicional. La única recomendación que ha recibido es publicar información sobre las subvenciones públicas que ha concedido. Y, en caso de que no las haya, que lo aclare para contar con un escenario más actualizado.

También han sacado buena nota el Senado (86,8%) y el Congreso (82%), a los que se les ha premiado por su gestión en materia de transparencia. El punto a mejorar pasa por actualizar alguna información que ha quedado desfasada.

Los órganos de Justicia se han llevado dos notables por su gestión. El Consejo General del Poder Judicial obtiene una puntuación de 86,1%, mientras que el Tribunal Constitucional cuenta con un 85,2%.

La Casa del Rey supera el examen de transparencia

El siguiente organismo constitucional de la lista es la Casa del Rey que ha obtenido un notable (78%) en el examen de transparencia. La buena nota está empañada por la falta de datos sobre las indemnizaciones y las compatibilidades de su personal, un error recurrente entre varios de los examinados.

Le sigue de cerca la Oficina del Defensor del Pueblo que ha logrado un 77,2% a pesar de la falta de alguna información de carácter estadístico sobre los contratos adjudicados, los presupuestos del año 2021 o los contratos menores.

Completa la lista el Consejo de Estado con una valoración del 71,9%. Le ha penalizado la falta de referencias sobre el perfil y la trayectoria profesional de sus responsables, así como dar a conocer las retribuciones de los altos cargos.

Se trata del segundo examen que realiza el Consejo de Transparencia desde el año 2016 para medir el nivel de publicidad que se da a la información de una decena de organismos constitucionales, desde que se aprobó la ley que enmarca sus comportamientos.