La Generalitat podrá dejar en libertad a los presos del procés
La Generalitat podrá decidir si sitúa a los presos del 1-O en el segundo o tercer grado penitenciario una vez que pasen a su tutela
La Generalitat podrá excarcelar a los presos del 1-O cuando haya sentencia. Según publica El Mundo, una fuente jurídica vinculada al 1-O asegura que los presos del procés «sólo estarán dentro lo que cumplan de preventiva», sobre el futuro penitenciario de los eventuales condenados por el Tribunal Supremo.
La sentencia que dicte en otoño el Supremo será inmediatamente firme y en ese momento quienes resulten condenados dejarán de ser presos preventivos en manos del tribunal y se convertirán en penados dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de prisiones.
Así, podrán eludir los controles que pide la Fiscalía. Los Serveis Penitenciaris dependen en última instancia de la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), que ha comentado públicamente que los quiere «fuera». Con esto Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y el resto de acusados dependerían de su decisión.
La Fiscalía ha pedido bloquear un tercer grado anticipado basándose en la gravedad de los delitos
La Fiscalía pidió el miércoles al tribunal del 1-O que en su sentencia imponga a los condenados el llamado periodo de seguridad que regula el artículo 36.2 del Código Penal. Allí se establece que en las condenas superiores a cinco años el tribunal podrá establecer que el penado no acceda al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la condena. El tercer grado es un régimen abierto que sólo exige ir a prisión a dormir.
Así, pide bloquear un tercer grado anticipado basándose en la gravedad de los delitos que les atribuye. Para poder hacerlo era necesario que lo reclamara alguna de las acusaciones. Ni el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado– ni Vox lo hicieron.
Aplicado el periodo de seguridad a Oriol Junqueras, si le cayeran los 25 años que pide el fiscal, ese régimen de semilibertad no se le podría conceder hasta dentro de una década.
Decisión de la Generalitat
En caso de ser condenados, los presos serán enviados a prisiones catalanas que en un plazo de dos meses deberán decidir si les sitúan en segundo o en tercer grado. El segundo es el régimen estándar. Sólo permite permisos de salida ordinarios -hasta 36 días al año- una vez cumplida una cuarta parte de la pena. El tercero es, en la práctica, una puesta en libertad.
Formalmente los presos del 1-O no estarían en tercer grado, pero disfrutarían de sus ventajas. Tanto una vía como otra son inmediatamente ejecutivas, es decir, que los beneficiados quedarían libres de forma inmediata. Aún así la Fiscalía podría recurrir.
Así, el caso de Oriol Pujol mostró el jueves la capacidad que tiene la Generalitat para decidir sobre las excarcelaciones de los presos bajo su tutela. Pese a que la juez de Vigilancia Penitenciaria revocó hace unos días la concesión del tercer grado, los Serveis Penitenciaris lo ha vuelto a excarcelar recurriendo al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Todas esas opciones de la Generalitat pasan por una decisión previa del Ministerio del Interior, responsable de señalar a qué cárceles van los condenados. Sobre el papel, podrían ser enviados fuera de Cataluña, y por tanto fuera del control de la Generalitat.
