Nuria Marín “no puede mover ni una piedra” en el área del proyecto Gran Via de L’Hospitalet

El TSJC acaba con los planes directores urbanísticos de los municipios del Baix Llobregat que les permitió la Generalitat para compensarlos por Eurovegas

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Las obras del macroproyecto de reforma de la Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat debían empezar este 2021. La alcaldesa Nuria Marín anunció que esta área se llenaría de grúas de construcción el próximo año, pero dos reveses judiciales consecutivos han enterrado el plan director urbanístico (PDU) de Gran Vía tal como lo diseñaron el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat.

Estas sentencias han generado incertidumbre entre constructoras y promotoras inmobiliarias. Tal como se concibió el proyecto, debía ser la obra de mayor envergadura que se realizara en Cataluña en los próximos cinco años.

Fuentes del sector apuntan que la Asociación de Promotores de Cataluña se reunió de urgencia para evaluar las “consecuencias” de las resoluciones judiciales.

Tanto la alcaldesa Marín como el consejero de Política Territorial de la Generalitat, Damià Calvet, de JxCat, confirmaron que recurrirán las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tumbaron el desarrollo urbanístico de Gran Vía. En esta área se proyectaron rascacielos de hasta 26 plantas.

Bautista Sotelo, el abogado que consiguió la primera sentencia de anulación del PDU de Gran Vía, augura que los anunciados recursos “no tienen mucho recurrido”. El Ayuntamiento y la Generalitat disponen de plazo hasta finales de diciembre para presentarlos. Deberán decidir si los interponen ante el mismo TSJC o ante el Tribunal Supremo.

El TSJC ha tumbado los desarrollos urbanísticos previstos para L’Hospitalet y los municipios adyacentes

Sotelo subraya que los criterios esgrimidos por el TSJC significan “un puñetazo en la mesa” contra la figura de los planes directores urbanísticos (PDU). El alto tribunal catalán no solo se ha pronunciado en dos ocasiones contra el PDU de Gran Vía de L’Hospitalet, sino que recientemente también ha anulado el PDU del Delta del Llobregat, que afecta a una amplia área de los municipios de Viladecans, Gavà y Sant Boi.

En estas tres resoluciones judiciales, el TSJC sustenta la anulación en que los Ayuntamientos y la Generalitat vulneraron las competencias del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), entidad supramunicipal a la que le correspondía redactar estos planeamientos urbanísticos. Aunque el AMB permitió que se invadieran competencias urbanísticas que le son propias, eso no quita que los PDU sean nulos de pleno derecho.

Sotelo recalca que el TSJC ha dado la estocada definitiva a la figura de los PDU. Recuerda que cuando Artur Mas presidía la Generalitat, se permitió que los ayuntamientos de esta zona del Baix Llobregat desarrollaran sus propios planes directores urbanísticos como compensación por el proyecto de Eurovegas, impulsado por el magnate norteamericano Sheldon Adelson. Aunque Eurovegas nunca tiró adelante, los ayuntamientos continuaron con sus planes urbanísticos hasta que el TSJC les ha dejado bien claro que esta no es la vía legal.

Nuria Marín y Damià Calvet buscan una salida para el proyecto de Gran Vía después del batacazo judicial

Aunque la alcaldesa Marín y el consejero Calvet aseguren que “reformularán” el plan para adaptarlo a la legalidad, hay unas sentencias judiciales del contencioso administrativo del TSJC que se lo impiden.

Ana González, portavoz del grupo municipal de L’Hospitalet en Comú Podem, recuerda que el proyecto es nulo y, en consecuencia, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat “no pueden mover ni una piedra hasta que un juez no diga lo contrario”. Este grupo municipal promovió el proceso que condujo a la primera sentencia de nulidad. González muestra su “satisfacción” porqué “las máquinas no podrán entrar este 2021” en esta área de la Gran Vía.

El consejero Damià Calvet y la alcaldesa Nuria Marín a finales de noviembre en L’Hospitalet de Llobregat. /AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El consejero Damià Calvet y la alcaldesa Nuria Marín a finales de noviembre con motivo de la reunión del Consorcio para la reforma de la Gran Vía. /AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El AMB tiene avanzada la elaboración de un ordenamiento para estos municipios del Baix Llobregat, pero desde los comuns se señala que no puede ser ni será una copia de los PDU anulados. En estas sentencias, además de cuestiones competenciales, también se incide en el tratamiento de las zonas verdes. En el planeamiento se consideraron zonas verdes los espacios de las rotondas de la autovía.

A partir de ahora, Marín y Calvet deberán esperar la resolución de los recursos que anunciaron. En el caso de la Generalitat, el gobierno que salga de las elecciones del 14F deberá pronunciarse al respecto. Hasta ahora, JxCat y ERC han mantenido posiciones distintas: los primeros lo apoyaban, mientras que los segundos lo han rechazado. Incluso interpusieron el contencioso que condujo a la segunda sentencia de nulidad.

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