El Parlament plantea blindar a Laura Borràs como diputada

La presidente pretende blindarse en la cámara catalana ante su imputación en el caso de la Institució de les Lletres Catalanes

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, junto a la secretaria segunda Aurora Madaula / Julio Díaz (JxCat)

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Sorpresa en el Parlament de Catalunya. Los letrados de la cámara han hecho llegar este martes a la mesa una propuesta de reforma del reglamento de la cámara catalana que permitiría el blindaje de la presidenta de la institución, Laura Borràs, si se le llega a abrir juicio oral por el caso del presunto troceo de contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.

El informe que recibirá este martes la Mesa, titulado «Propuestas jurídicas y técnicas de reofmra del reglamento» consta de 244 páginas e incluye una sugerencia que podría ser clave dada la situación personal de la presidenta del Parlament, lo que evitaría su suspensión en caso de que el caso siguiera para adelante.

El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a Borràs por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017.

«No tiene ningún precedente ni referente»

Este apartado -que quedaría eliminado- establece que «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata».

También se propone eliminar la posibilidad, contemplada dentro de este mismo artículo 25, de que los diputados puedan ser suspendidos «si es firme el auto por el cual se abre juicio oral contra ellos o se acuerda su procesamiento, dada la naturaleza de los hechos imputados».

El apartado 4 que quedaría eliminado «no tiene ningún precedente ni referente» en el derecho parlamentario y contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental -como es el de la participación política- que presenta «serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental.

Suspensión solo si lo permite la mayoría del pleno

En su lugar, proponen otro redactado para este artículo, que establecería que «el pleno del Parlament puede acordar, por mayoría absoluta, la suspensión de los diputados» en caso de que hayan sido «condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que los imposibilite asistir a las sesiones plenarias».

La propuesta de los letrados también prevé que la tramitación del acuerdo de suspensión se podría «iniciar a petición del diputado afectado o de un grupo parlamentario» y requeriría la aprobación de un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados».

El informe es fruto del acuerdo adoptado por la Mesa -presidida por Borràs- el pasado 1 de septiembre, cuando decidió solicitar a los servicios jurídicos un documento con propuestas de revisión técnica de los artículos del reglamento parlamentario que planteasen «problemas de aplicación o interpretación».

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