Podemos organiza unas jornadas en el Congreso «sobre la guerra judicial que sufre la izquierda»

Los morados escogen la Cámara Baja para organizar unas jornadas donde cuestionan el Poder Judicial y los magistrados piden parar el "hostigamiento"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. EFE/JJG/Archivo

No es novedad que Unidas Podemos cargue contra los jueces sobre los casos que afectan a su formación o a la izquierda política. Pero los morados han decidido ir un paso más allá convocando unas jornadas en el Congreso de los Diputados que, como su propio entorno explica, son «sobre la guerra judicial que sufre la izquierda».

Este martes y desde las redes oficiales de Podemos se envió un cartel a los periodistas para anunciar las jornadas. En la imagen se muestra a la Diosa de la Justicia amordazada y anuncia el evento de los ‘seis de Zaragoza’.

Mientras que en otro cartel difundido por los suyos en redes sociales ya avanza que una de las «mesas sociales» que tratará se denomina: «Otros casos de acoso judicial sin pruebas, le puede pasar a cualquiera» y contará con la participación de Isa Serra, exportavoz de Podemos condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación por agredir a un policía durante una concentración contra un desahucio en 2014.

Cartel del acto que ofrece Unidas Podemos sobre «casos de acoso judicial sin pruebas». Foto: UP

Los llamados ‘seis de Zaragoza’ son seis jóvenes que fueron detenidos y condenados con penas de prisión y varios de ellos con multas económicas por los desórdenes públicos ocurridos en diciembre del 2019 en una manifestación en Zaragoza denominada ‘Contra el fascismo de Vox’ en la que se quemaron coches, contenedores de basura y se agredió a agentes de Policía.

La Audiencia de Zaragoza castigó con penas de prisión a los jóvenes por un delito de desórdenes públicos, otro de atentado y también por lesionar a seis policías lanzándoles piedras, adoquines y hasta pedazos de baldosas arrancadas del pavimento. El tribunal recuerda que aquella marcha logró reunir a más de 200 personas con proclamas antifascistas junto al Auditorio de Zaragoza, donde se celebraba un mitin de Vox con la asistencia de Santiago Abascal.

El problema se centra en que durante el juicio no se dieron pruebas fehacientes de que fueran los acusados y no otros manifestantes quienes agredieron a los antidisturbios. Sin embargo, uno de los agentes sí que pudo identificar sin ningún género de dudas a su atacante, que resultó ser uno de los jóvenes que se sentaron en el banquillo de los acusados.

Las defensas de los jóvenes pidieron aportar las grabaciones de las cámaras de la zona en cuestión donde se produjeron los hechos pero, «la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la Sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz», expone la sentencia.

Es aquí donde entró en juego la presunción de veracidad de los agentes. Varios de los abogados de los jóvenes pusieron en cuestión sus testimonios recurriendo el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quien impuso, además, sanciones económicas para los jóvenes condenados.

Podemos tacha la sentencia de «una injusticia muy grave» y espera que con la reforma de la, mal llamada, ‘Ley Mordaza’ (Ley de Seguridad Ciudadana) esto no pase. Precisamente, el texto de esta norma pactado por el Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) pretende quitar fuerza a la presunción de veracidad de los agentes equiparándolos a la de los presuntos agresores. Una «barbaridad», según califican las asociaciones policiales.

«El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario», reza el nuevo texto que quieren aprobar PSOE y Podemos.

«Todo lo que hacemos es lógico y razonable. No nos inventamos nada. Están volviendo a poner en duda la palabra de un agente y todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es en base a la ley», señala Pablo Pérez, portavoz nacional de Jupol.

Podemos clama contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calificando estas prácticas de «arbitrariedad policial y judicial». «No son un asunto que deba concernir únicamente a activistas sociales o a diputados de los grupos de izquierdas sino que es algo que nos puede pasar a cualquiera y que debería encender todas las alertas en la cabeza de cualquiera que se llame así mismo demócrata», señala el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Una denuncia que hace pública a tan solo un día de que la formación morada haya denunciado a los policías y guardias civiles, asistentes a las manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ante el Consejo de Europa por «coartar su derecho a manifestarse». Podemos denuncia que sindicatos policiales intenten «condicionar» la acción legislativa, entendiendo que lo que piden es que no se reconozcan «derechos y libertades» de los españoles. Algo «surrealista», según comentan los propios sindicatos de Policía.

El caso de Alberto Rodríguez

Los morados equiparan este caso al sufrido por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, a quien la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, retiró su escaño tras la sentencia del Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal le consideró autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad por el que fue condenado a un mes y medio de prisión; pena que el tribunal sustituyó por una multa de 540 euros y la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, la pérdida del escaño por ilegibilidad sobrevenida.

Unidas Podemos llegó a decir que se querellaría contra la presidenta del Congreso si retiraba el escaño a Rodríguez. Una amenaza hecha pública sin el propio conocimiento de Rodríguez, según publicó Economía Digital. Pero, sin duda, la ‘guinda’ la puso la secretaria general de los morados, Ione Belarra, al acusar, a través de redes sociales, al Tribunal Supremo, nada menos, de presionar a Batet para retirarle su condición de diputado.

La atribución de un delito a los magistrados del Supremo por parte de los dirigentes morados y, en concreto, de Belarra tuvo una respuesta inmediata por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como garante de la independencia judicial, a través de un acuerdo, aprobado por cinco votos frente a tres, en el que muestra «su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación«.

«Creo que la sentencia ya está dictada»

La reivindicaciones de Podemos no quedan aquí y este miércoles, la formación ha invitado a un concejal que será juzgado por delito de odio contra Vox. Se trata del concejal del ayuntamiento de Zaragoza y secretario político del PCE en Aragón, Alberto Cubero.

La Audiencia Provincial de Zaragoza vio «indicios suficientes» para rechazar el recurso del edil y sentarle próximamente en el banquillo como presunto autor de un delito de odio por una frase demoledora lanzada contra la formación de Santiago Abascal el pasado abril en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. «Ojalá les pase en toda España lo que les pasó en Vallecas», donde Vox fue recibido con palos, piedras y ladrillos de radicales para impedir que dieran un mitin.

El magistrado resalta en su auto que «la libertad de expresión no ampara los delitos de odio y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional de España en diversas sentencias». En un turno de alusiones, Cubero, dijo al portavoz de Vox, Julio Calvo, que «en política fiscal y en política económica se les cae la careta y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los reciben».

Por su parte, la Fiscalía de Zaragoza también ve delito y ha solicitado dos años y medio de cárcel para el concejal al considerar que incurrió en un delito de incitación al odio agravado por ser a través de las redes sociales. El concejal, lejos de asumir sus palabras, destaca la «injusticia» y compara su caso al de los seis jóvenes y al de Alberto Rodríguez. Así y en las redes sociales señala: «Creo que ya está dictada la sentencia» y «No pasarán».

Desde el Partido Comunista de España consideran la querella presentada por Vox contra Alberto Cubero como un «caso más de persecución judicial contra la izquierda política y en concreto contra el PCE y el comunismo». A juicio del Partido Comunista en Aragón lo que persigue Vox con esta querella, «y la judicatura más reaccionaria, es acallar las voces molestas. Ser antifascista no es delito. Ser comunista es tomar partido contra la intolerancia», zanjan en un comunicado.

Las asociaciones judiciales piden parar el hostigamiento de Podemos

Este miércoles hará dos meses que el Consejo General del Poder Judicial tuvo que pedir contención a dirigentes y ministros de Podemos en sus ataques a la Justicia, en relación a las declaraciones de Belarra respecto a la pérdida del escaño de Rodríguez. Y justo hace mes que las cuatro asociaciones judiciales salieron en defensa del Poder Judicial en un comunicado conjunto tras volver a ponerles en la diana.

«En los últimos tiempos se han producido reiteradas manifestaciones de cargos públicos que cuestionan las resoluciones judiciales. Lamentablemente, en estos casos no se aportan argumentaciones jurídicas, sino que la crítica se centra en el cuestionamiento genérico del tribunal o en descalificaciones personalizadas de sus integrantes», señalan en un comunicado.

«Las asociaciones judiciales firmantes hemos de reiterar la necesidad de que las resoluciones judiciales estén sometidas a crítica, como parte de un fundamento esencial de nuestra cultura democrática, así como la posibilidad de recurrirlas si no se está conforme con ellas», concluyen desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente.

No es habitual que las cuatro asociaciones judiciales consigan unirse en iniciativas como esta, de ahí que sea especialmente revelador el hartazgo y la preocupación de la carrera por el hostigamiento que viene padeciendo especialmente desde hace un par de años por parte de dirigentes de Podemos que no comparten sus sentencias.

Algunos de los magistrados consultados por Economía Digital se muestran sorprendidos por que un acto «de estas características» tenga lugar este miércoles en la Cámara Baja y animan a los representantes políticos «sean del signo que sean» a la «prudencia» y a actuar con «sensatez y moderación».

Cabe recordar que junto con la acusación de prevaricación de Ione Belarra, el órgano de gobierno de los jueces ha suscrito acuerdos similares en otras dos ocasiones, una de ellas nada más aterrizar Pablo Iglesias en el Gobierno de Sánchez (tras decir que la justicia europea estaba humillando a España) y la segunda, por la condena a la dirigente de Podemos Isa Serra.

Recientemente, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, también cargó contra la Justicia señalando que «el poder judicial está «escasamente democratizado», lo que impide a su juicio que no se pueda investigar los crímenes del franquismo o al Rey Emérito, Juan Carlos I, pero por el contrario se pueda «perseguir incansablemente» a Podemos. «Parece que sobran los recursos» para investigar a la formación morada, se lamentó.

«Les exhortamos a que se abstengan de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones, especialmente la independencia judicial y, por el contrario, contribuyan al reforzamiento de éstas desde los puestos de responsabilidad que ocupan», esgrimen.

Los magistrados vuelven a llamar a la «calma», a no cuestionar la legitimidad democrática, su independencia y a no justificar el incumplimiento de la sentencia obviando el principio fundamental de la Constitución por el cual «todos los ciudadanos están sujetos a la Ley».