PP, Cs y Vox desafían al Gobierno gritando “libertad” ante la aprobación de la Ley Celaá

La oposición se levanta de su bancada para escenificar el nulo apoyo con el que nace la ley. La escuela concertada se manifestó a las puertas del Congreso.

Concluye el debate de la Ley Celaá o LOMLOE con su aprobación en el Congreso y con el bloque de la derecha unido por un instante.

Las bancadas del Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han levantado para gritar a pleno pulmón “libertad” en un debate bronco.

La oposición escenificó durante varios minutos el nulo consenso con el que nace esta reforma educativa que, según el PP,  “cercena el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos atacando la libertad de enseñanza y de elección de centro, firmando el acta de defunción de ciertas enseñanzas, entre ellas, la especial”. 

La reforma educativa supera este jueves el visto bueno del Congreso de los Diputados e irá ahora al Senado.

En el último paso para que se apruebe el dictamen a la ley Celaá en la Cámara baja, la polémica porque se elimine en la norma “la demanda social” para poder abrir centros concertadas u ofertar plazas en ellos ha avivado las críticas de los partidos de la derecha pero también de algunos nacionalistas.

“La norma es un fracaso”

JxCAT enfatizó la defensa de la escuela concertada, un aspecto en el que también han coincidido PP, Vox, PNV y los propios posconvergentes con la presentación de una enmienda por parte del grupo vasco y catalán que busca “garantizar” la oferta de estos centros.

El diputado Sergi Miquel, de JxCAT, aseguró que la norma es “un fracaso de todos porque la idea es que se aprobara una ley que fuera un poco de todos para no cambiarla en cuanto llegue otro partido al Gobierno. Un bando va a celebrar mucho con euforia esta ley y otro bando no”. 

La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de haber “perdido su sentido de partido de Estado para mantenerse en el poder” y ha avisado que su formación utilizará “todos los instrumentos” a su alcance para frenar la norma. Madrid y Murcia ya han dicho que tratarán de evitar su aplicación.

El Gobierno de coalición intentó defender la norma desde la tribuna del Congreso acusando al centroderecha de “usar la palabra libertad de forma sesgada” porque, según el PSOE, “defienden la libertad sólo para los que tienen recursos”.

El mismo argumento esgrimido por Joan Mena, de Unidas Podemos, quien señala que “lo que están defendiendo no se llama libertad, se llama privilegios y distinción de clase”. 

La postura del Gobierno no convence a la oposición que reprocha el “adoctrinamiento” cuando los independentistas leen en los colegios catalanes manifiestos a favor de la libertad de los políticos presos tras la sentencia del 1-O.

Por su parte, Vox, en palabras de Joaquín Robles, dijo que la norma “condena a determinadas clases sociales a recibir una papilla infame que cercenará la promoción social”.

Puntos conflictivos

La LOMLOE o ley Celaá, cuyo principal objetivo es revertir la LOMCE, aprobada por el PP en 2013, contempla que tanto los centros públicos como los privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito y tampoco podrán solicitar el pago de cuotas a través de sus fundaciones, con lo que se pretende evitar que las familias estén en la obligación de aportar dinero o que se establezcan servicios obligatorios vinculados a las enseñanzas que necesiten aportación económica.

La cercanía del domicilio al centro educativo, se convierte en casi el único criterio para la admisión de los alumnos, aunque se mantienen otros requisitos, como el de tener hermanos en el centro, proximidad al trabajo de los padres o ser familia numerosa.

Además, la Religión no contará para la nota media y se dará prioridad a la educación afectivo-sexual, blindándose los talleres LGTBI contra los que quieren objetar los padres del ‘pin parental’.

Otro punto polémico de la normativa es que contempla, tanto en su origen como a través de enmiendas, la retirada del concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, o la prohibición de ceder suelo público a la construcción de centros que no sean de titularidad pública.

Protestas a las puertas del Congreso

La escuela concertada también se ha echado a la calle este jueves para manifestarse frente al Congreso de los Diputados. La plataforma Más plurales, que reúne a la patronal de la escuela concertada, asociaciones de familias y a sindicatos del sector, ha ordenado a sus centros mostrar el rechazo a la Ley Celaá.

“Nos han vetado la posibilidad de participar en la tramitación de la ley, a pesar de que hemos pedido comparecencias en la Comisión de Educación del Congreso, pero nos lo han negado”, explica la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

Sin duda uno de los puntos más polémicos es el futuro de la educación especial. La Plataforma Inclusiva Sí, Especial considera que el texto deja abierta la puerta a un progresivo cierre de los centros de educación especial, tal y como han denunciado PP y Vox. 

La de este jueves será la cuarta concentración que realizan los convocantes para defender la escuela concertada. La plataforma ha convocado más de 30 actos contra la Ley Celaá en toda España. La mayoría manifestaciones en vehículos para el próximo 22 de noviembre.