Rebelión de interinos en media España contra los contratos fraudulentos

Los interinos de media España están en rebelión. Las protestas por contratación irregular en ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central comienza a estallar en media España con concentraciones, amenazas de huelga y denuncias masivas que ya sorprenden hasta en Europa.

Los profesores interinos denunciaron en los tribunales a la Junta de Extremadura por ignorar una sentencia que obliga a la administración a contratar a los interinos antes del 10 de septiembre. La junta ha alargado los plazos –denuncian— para pagar menos a estos trabajadores, que cuentan con contratos temporales encadenados y que reciben un trato muy distinto al de los profesores con plaza fija.

Los profesores interinos denuncian los despidos cada vez que se producen los períodos de vacaciones, una práctica que está siendo investigada por los tribunales.

Los interinos de las Cortes Valencianas acaban de hacerse con una victoria moral. El Síndic (defensor del pueblo) ha instado al parlamento autonómico a regularizar la situación de los interinos que están contratados en fraude de ley. Las cortes mantienen a este tipo de trabajadores desde hace más de 15 años, cuando la ley fija un plazo máximo de tres años de la situación de interinidad.

Europa investiga a España

El malestar por la contratación masiva de interinos en fraude de ley ha llegado hasta la Comisión Europea, que ha reconocido una avalancha inesperada de demandas. La dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea ha agrupado las demandas en una causa colectiva contra el gobierno español.

La institución europea ha informado a los demandantes de que investiga al gobierno español por el conflicto con los “trabajadores públicos en situación de interinidad”. Pero, debido al “alto número de denuncias recibido”, la Comisión Europea ha decidido agrupar todas las denuncias en una causa única.

La investigación judicial en Europa pondrá claridad acerca de las reivindicaciones masivas de los interinos que comienzan a ganar el los juzgados su antigüedad. Con estas sentencias, los maestros, médicos o el resto de profesionales de la administración pública podrían reclamar su plaza fija en el caso de que la pierdan en los concursos de oposición.

La situación pondrá a las administraciones en una posición delicada: podrían tener un trabajador que ganó una plaza por concurso público y otro que la ha ganado en los tribunales.

La escalada de interinos en las administraciones públicas se remonta a inicios de la década cuando los gobiernos paralizaron de forma masiva la convocatoria a concursos públicos de empleo, con el propósito de ahorrar en gastos de personal. Para cubrir vacantes, las administraciones recurrieron a la contratación de interinos que fueron prorrogando su estadía por encima de lo fijado en la ley (más de 3 años).

El gobierno de Mariano Rajoy llegó a un acuerdo con los sindicatos para sacar este año el mayor concurso de oposiciones. El gobierno de Pedro Sánchez ha prometido que mantendrá las condiciones de los acuerdos firmados por el anterior gobierno. Pero, en este proceso de regularización hasta unos 700.000 interinos ven amenazados sus puestos de trabajo. Y han comenzado a luchar por ellos en los tribunales. Y en la calle.