Reunión de urgencia del CGPJ por los pagos de Indra a 32 magistrados
El presidente del TSJM, Javier Vieira, reclamó al gobierno madrileño compensaciones económicas para colaborar con la firma tecnológica y no solicitó la autorización
Los jueces de España estudian si deben censurar la actitud de los 32 magistrados y otros funcionarios de Justicia de Madrid que cobraron de Indra por colaborar en desarrollar mejoras tecnológicas en la institución. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido de urgencia este mediodía.
La convocatoria parte del presidente del órgano de gobierno, Carlos Lesmes, que ha conocido la existencia de las retribuciones por la prensa.
La empresa tecnológica presidida por Fernando Abril destinó 230.000 euros para retribuir a 32 juristas desde 2011. Esa es la fecha en que el grupo empresarial y el Gobierno madrileño de Francisco González llegaron a un pacto para que Indra asumiera el abono de las dietas a los magistrados y funcionarios.
Petición del presidente del TSJM
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJC), Francisco Vieira, expuso en su momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica que, entre otros, recibe él mismo.
No solicitó al CGPJ la autorización ni una aclaración para recibir estos pagos tal y como prevé el reglamento de la carrera judicial. Por ello, tanto él como el resto de magistrados y funcionarios que asesoraron a Indra pueden recibir una sanción. Los afectados han salido en su defensa este lunes. Han manifestado que tributaban por los cobros y que la empresa les aplicaba las deducciones necesarias.
Explicaciones al Gobierno regional del PP
Los magistrados no serán los únicos que deberán ofrecer explicaciones por este caso. El PSOE ha reclamado que el Gobierno regional del PP explique por qué autorizó los cobros, cuando no hay ninguna otra consejería que pague a los funcionarios por colaborar con el desarrollo de las mejoras tecnológicas en sus departamentos.
La oposición alerta de que la empresa pública que mandó a Indra realizar los pagos, ICM, está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por su relación, precisamente, con esta compañía. El magistrado sospecha de que el Gobierno de Francisco González cargó facturas falsas a Indra. Esta investigación se realiza en el marco de la operación Púnica.
