La ‘amabilidad’ con los okupas desespera a los ciudadanos
En Cataluña se ha difundido un discurso amable con los okupas, que toman viviendas con impunidad al aprovechar la inoperancia política
El temor a que la democracia no se asentara en España, tras casi 40 años de dictadura, llevó a los dirigentes políticos a poner en pie una administración de justicia muy garantista. Sobre el papel era positivo. Demostró un talente progresista, con el objetivo de que el conjunto de la sociedad española caminara hacia un país moderno, que respetaba a las minorías y los derechos de todos. Pero esa idea garantista, ha acabado perjudicando –qué paradoja– a los sectores sociales más débiles, a los ciudadanos que más necesitan que las instituciones sean eficaces, ágiles y justas.
Se ha producido ahora en la Llagosta (Barcelona). Una promoción de diez viviendas y un local, que se estaba a punto de entregar a diez familias del municipio, con tasaciones pagadas e hipotecas concedidas, ha acabado en manos de okupas, con perros incluidos. Los incívicos aprovecharon que la finca de viviendas tuviera la conexión de luz y el suministro de agua para entrar de forma violenta, y, con la ley en la mano, esperar y demostrar que viven diariamente, dentro, sin que se les pueda, por ahora, echar. Los Mossos no pueden actuar de forma directa.
La justicia ofrece garantías a los okupas. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que la fiscalía ha ordenado al juez tomar declaración al colectivo de okupas que entró de forma ilegal, en esa viviendas de la Llagosta, el martes 21 de febrero. Pero, ¿en qué momento podrán los vecinos entrar en las propias viviendas que acaban de adquirir?
Ese tipo de circunstancias son las que alejan al conjunto de la ciudadanía de las instituciones, porque, al margen de los detalles de la ley, de las garantías de todas las personas sujetas a la legislación, prima el sentido común de un vecino de la Llagosta que, lejos de ser un potentado, no entiende que alguien se pueda instalar en su casa.
Lo que produce esa indefensión, provocada por la falta de agilidad de las instituciones, es una respuesta que tampoco puede ser aplaudida. Y es que surgen de la nada empresas que se dedican a cobrar más de 4.000 euros para poder recuperar las propias viviendas, con las mismas malas artes que han utilizado los okupas previamente. Es decir, tratan de echar como sea a los okupantes. ¿Pero, además, qué ocurre en el interior de esos pisos, en qué condiciones quedan las viviendas, y quién las repara posteriormente?
El juez podría actuar con determinación, para que los okupas abandonen las viviendas, pero también podría pedir a los sevicios sociales que ofrecieran una alternativa
En Cataluña en los últimos años se ha difundido un discurso ‘amable’ con esos fenómenos, con los movimientos okupas que, a partir de una constatación cierta –existe un problema evidente con el acceso a la vivienda, que los gobernantes de todos los colores no han querido asumir– se han introducido en viviendas y locales con toda impunidad. Lejos de pensar que una legislación más dura sería la manifestación del poder de las clases sociales más acomodadas, la realidad es que son los más desfavorecidos los que sufren por esa tibieza.
Los vecinos en la Llagosta se han movilizado. Existe el peligro real de que se produzcan actos violentos. La cuestión es que el juez, cuando conozca las declaraciones de todas las partes, podría actuar con determinación, para que los okupas abandonen las viviendas, pero también podría pedir a los sevicios sociales que ofrecieran una vivienda alternativa a los okupas, que saldrían beneficiados con sus acciones anteriores. El discurso público en Cataluña, con la influencia de grupos políticos como la CUP, no acaba de ser consciente del pulso que se le hace a la sociedad, que no puede entender esa justicia tan garantista.
