El Tribunal Supremo sanciona a una jueza por humillar e insultar a funcionarios
Los trabajadores denunciaron "la actitud del todo inaceptable, perdurable en el tiempo"
Tribunal Supremo. Foto: Asociación de la Prensa de Madrid.
El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 2.000 euros a una jueza por gritar, humillar e insultar a sus compañeros del juzgado de Nules (Castellón) en el que estaba destinada. La acusada se dirigía a ellos con «intolerables» expresiones como «vagos» o «gilipollas» y justificaba que se trataba de una «acreditada relación de confianza».
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia envió al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito firmado por la letrada de la Administración de Justicia y por siete funcionarios del juzgado, según se indica en la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.
En el escrito se ponía de manifiesto la conducta de María Vanesa Pérez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Nules entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. Los funcionarios denunciaban la difícil situación que habían vivido por «la actitud del todo inaceptable, perdurable en el tiempo».
La jueza gritaba, humillaba e insultaba a sus compañeros
Los gritos, las humillaciones y los insultos estaban a la orden del día y un fiscal se vio obligado a pedir el traslado ante el «acoso» de la jueza. Sus compañeros confirmaron que la acusada «humilló repetidamente al anterior fiscal», a quien llegó a decirle «te voy a meter una hostia que te voy a arrancar la cabeza».
Estas situaciones se repetían constantemente con otros trabajadores. La jueza le dijo al gestor penal «no vales nada» y provocó que él también quisiese abandonar su puesto de trabajo.
También denunciaron que usaba habitualmente apodos despectivos para referirse a los funcionarios, como, por ejemplo, «cara polla», «frígida», «ama de casa aburrida» o «trol» mientras que «gritaba constantemente» y se dirigía a ellos «de malas formas».
Durante las guardias, la coyuntura era la misma. «Pierde las formas de forma constante, gritando y humillando a los funcionarios y a los miembros de la Guardia Civil». De hecho, en agosto de 2021, les tildó de «vagos» y les dijo que «tenían un chiringuito montado».

En el escrito también se señala que «frecuentemente comparece tarde» a sus juicios y vistas. Además, en una de ellas un detenido se acogió a su derecho a no declarar y dijo «espero que le condenen».
«Aquí van a rodar cabezas», «yo no soy vuestra amiga» o «no quiero réplicas» eran algunas de sus expresiones más habituales y a la letrada se refería también con otras como «me río con mis amigos jueces de ella» y «no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo». La víctima le dijo que no podía permitir esas faltas de respeto, y gritando, la jueza se limitó a decir que ella siempre hablaba así.
Otro de los hechos más destacados sucedió el 14 de septiembre de 2022. La jueza «humilló públicamente» a un funcionario y cuando este se fue, mencionó en voz alta «le voy a dar una hostia» y «le voy a hundir».
Unos días más tarde insultó al gestor por negarse a facilitarle los apellidos de aquel funcionario y después le dijo: «si tú me perdonas, yo te perdono». Al gestor se dirigía también con comentarios de índole sexual como: «¿a ti se te levanta?» o «tiene un buen polvo».
El Supremo ratifica la multa de 2.000 euros
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial le impuso en 2024 una multa de 2.000 euros por una falta disciplinaria grave de desconsideración. La jueza recurrió al Pleno, apelando a la «acreditada relación de confianza entre los funcionarios y ella», pero avaló la sanción impuesta.
Posteriormente, la jueza presentó un recurso ante el Tribunal Supremo en el que expuso varios motivos. Entre ellos, que la conducta no era sancionable al considerar que las «expresiones críticas» entre ella y los funcionarios se producían en un contexto de «acreditada relación de confianza».
No obstante, el Supremo rechaza su recurso, puesto que «no alberga duda alguna de que las expresiones (…) revelan una grave falta de respeto» hacia el personal del Juzgado «sin que haya causa legítima que lo justifique, al ser absolutamente impropio en quien ejerce funciones judiciales hacer uso de tan intolerables excesos verbales».