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Llorca aprueba la Ley de Acompañamiento con la rebaja del IRPF y «arraigo» para la vivienda protegida
El anteproyecto incorpora una rebaja fiscal de 160 millones, nuevas medidas para el relevo generacional y cambios en la adjudicación de vivienda protegida
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El Gobierno valenciano ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como Ley de Acompañamiento, con la rebaja del IRPF anunciada por el presidente Juanfran Pérez Llorca, y la introducción del criterio de “arraigo” o vinculación continuada con el municipio para acceder a vivienda protegida en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada.
El texto ha salido adelante en un pleno extraordinario del Consell presidido por Pérez Llorca y recoge medidas fiscales, modificaciones administrativas en las consellerias y cambios de carácter organizativo en organismos del sector público instrumental de la Generalitat.
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha defendido que “es perfectamente compatible mejorar los servicios públicos con rebajas fiscales sostenibles” y ha situado la nueva reducción del IRPF dentro de la política tributaria impulsada por el Ejecutivo autonómico desde el inicio de la legislatura.
Rovira ha recordado que el Ejecutivo valenciano ya introdujo medidas en transmisiones patrimoniales, con la reducción del tipo general del 10% al 9%, amplió la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a tíos y sobrinos y aprobó deducciones vinculadas al deporte y a las actividades musicales.
La principal medida fiscal incorporada a la Ley de Acompañamiento es una reducción de las cuotas del IRPF en prácticamente todos los tramos, aunque con especial impacto en las rentas medias. Según ha explicado Rovira, el ahorro fiscal previsto asciende a 160 millones de euros y el 72% de las personas beneficiarias corresponde a contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros.
Dos rebajas del IRPF
La rebaja oscilará entre 0,2 y 0,6 puntos y no incluirá modificaciones para las rentas superiores a 150.000 euros. El conseller ha explicado que se aplicará en dos fases: una primera en los presupuestos de 2026 y una segunda en los de 2027, cuando está previsto “otro retoque de los tipos a la baja”.
Rovira ha puesto como ejemplo que, en un tramo de renta de entre 20.000 y 30.000 euros, una familia que se acoja a la mayoría de deducciones puede llegar a ahorrar casi 600 euros, mientras que en el tramo de entre 30.000 y 40.000 euros el ahorro puede alcanzar casi 650 euros.
El titular de Hacienda ha cargado también contra la política fiscal del anterior Ejecutivo autonómico, al asegurar que “con el Botànic había un infierno fiscal”. Además, ha señalado que el Consell confía en tener aprobada la ley antes de que finalice el periodo de sesiones en Les Corts, en verano.
En paralelo, el anteproyecto introduce modificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones dirigidas a favorecer los relevos generacionales, con una ampliación de los beneficios hasta el cuarto grado de parentesco.
Preguntado por el FLA extraordinario, Rovira ha defendido que esos fondos “tenían que haber llegado hace tiempo” y ha subrayado que el Gobierno central “no nos da nada que no nos corresponda”.
Cambios en vivienda protegida
Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha explicado que la Ley de Acompañamiento también incorpora modificaciones en la normativa de vivienda protegida para reforzar “los controles, la transparencia y las garantías de adjudicación”.
Camarero ha recordado que el Consell ya realizó cambios en 2024, entre ellos la publicación de las promociones en la web de la Conselleria de Vivienda y la introducción de la solicitud telemática obligatoria para facilitar la comprobación de datos de los futuros adjudicatarios.
La nueva reforma exigirá a los promotores privados un plan detallado sobre cómo van a seleccionar a las personas adjudicatarias, qué mecanismos de publicidad utilizarán y qué criterios aplicarán en la comercialización de las viviendas protegidas. Según ha señalado la vicepresidenta, la medida implica que queden fijadas “blanco sobre negro” todas las condiciones antes de que las promociones se comercialicen.
El texto también establece reglas más claras para adjudicar vivienda protegida, con el objetivo de asegurar condiciones de igualdad, objetividad, publicidad y libre concurrencia. Las promociones privadas deberán publicar las ofertas con 30 días de antelación, difundirlas en los medios de cada provincia, elaborar listas de adjudicación y conservar toda la documentación del proceso durante cinco años, ha explicado Camarero.
Otra de las novedades anunciadas por la titular de Vivienda es la creación de una Comisión de Valoración de carácter colegiado en los servicios territoriales de Vivienda para analizar los visados y reforzar el control administrativo del cumplimiento de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas.
El visado administrativo, según ha explicado Camarero, dejará de ser un trámite meramente formal y pasará a funcionar como un mecanismo de control reforzado antes de autorizar la compra o el alquiler de una vivienda protegida. La Administración podrá comprobar ingresos, situación económica, información patrimonial y cumplimiento de todos los requisitos de acceso.
El criterio de “arraigo”
La modificación del artículo 44 introduce además el criterio de “arraigo” o vinculación continuada con los municipios en la adjudicación de vivienda protegida. Camarero ha explicado que la Generalitat recoge así el “guante” de alcaldes de distinto color político que reclamaban que las personas vinculadas a sus municipios pudieran tener preferencia en el acceso a estas promociones.
La vicepresidenta ha remarcado que no se trata de una cuestión de origen ni de nacionalidad, sino de arraigo al municipio y de tiempo de empadronamiento. “Será un criterio de preferencia, no de exclusión”, ha defendido.
Camarero ha desvinculado esta medida de la “prioridad nacional” planteada por Vox y ha subrayado que podrán beneficiarse personas de cualquier nacionalidad siempre que acrediten esa vinculación continuada con el municipio. Además, ha señalado que se trata de una medida que ya estaba contemplada en la normativa elaborada por el Botànic.
