La UE financia con 348 millones el agua en Marruecos en pleno recorte del trasvase Tajo-Segura

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La política de agua tiene dos caminos opuestos. Mientras la Unión Europea acaba de conceder 348 millones de euros de financiación a Marruecos para asegurar su plan de obras hidráulicas, el Gobierno de España está redactando un nuevo recorte al trasvase Tajo-Segura penalizando a la agricultura de Alicante, Murcia y Almería.

Mientras el ministro marroquí de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, asegura que «quien no controla el agua, no controla su destino», el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, incidía de nuevo la semana pasada en «acabar con las decisiones que han puesto en riesgo el trasvase Tajo-Segura» para garantizar el futuro de la agricultura de la cuenca del Segura.

La nueva financiación que ha recibido Marruecos asciende a 3.700 millones de Dirhams (348 millones de euros) que, según explica la delegación de la Comisión Europea en Marruecos, supone una alianza sin precedentes, que opera bajo el enfoque de «Equipo Europa», aprovecha las subvenciones de la Unión Europea y los préstamos en condiciones favorables de tres instituciones financieras europeas (de Alemania, Italia y Francia).

Este apoyo se suma al que ya comprometido por Pedro Sánchez, que implicó a las instituciones españolas en Marruecos tras la reunión de alto nivel que se produjo el 4 de diciembre de 2025.

Los objetivos del nuevo acuerdo son «ayudar a Marruecos a implementar un marco de política pública del agua, estructurado en torno a cuatro prioridades: mejorar el conocimiento de los recursos hídricos frente a los efectos del cambio climático, fortalecer la gestión de eventos extremos como sequías e inundaciones, preservar las aguas subterráneas y consolidar las capacidades de las instituciones responsables del sector».

La Comisión Europea reconoce que «ante la sequía, Marruecos ha optado por la anticipación y la acción, transformando radicalmente su modelo de gestión del agua. Este programa amplía este impulso nacional al fortalecer la resiliencia y garantizar la preservación sostenible de los recursos hídricos frente al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, forja una verdadera alianza de habilidades y experiencia».

De hecho, Dimiter Tzantchev, Embajador de la Unión Europea en Marruecos, declaró: «Este programa demuestra el compromiso de la Unión Europea de apoyar a Marruecos y a la región mediterránea en la gestión sostenible de los recursos hídricos»

Este es un aspecto en el que incide la Comisión Europea, que asegura que «Marruecos, al igual que el resto de la región mediterránea, se enfrenta a una creciente presión sobre sus recursos hídricos, agravada por los efectos del cambio climático. Ante las sequías recurrentes entre 2017 y 2025 y la creciente demanda de agua, Marruecos ha puesto en marcha una ambiciosa política para la gestión sostenible de sus recursos hídricos».

Tras la afirmación del ministro marroquí de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, sobre que «quien no controla el agua, no controla su destino», la prensa marroquí interpreta el acuerdo de la siguiente forma: «Gracias a esta financiación europea, Marruecos está reforzando sus esfuerzos para afrontar la escasez de agua y acelerar la implementación de su estrategia nacional hídrica. Desde la desalinización y las presas hasta el riego y el abastecimiento de agua en zonas rurales, el problema va más allá de la mera infraestructura: impacta directamente en la seguridad hídrica, agrícola y social del país».

La respuesta de Europa a la sequías y a la «creciente demanda de agua», que es causa del aumento de la superficie de cultivo que compite la ya implantanda en el resto de la costa del Mediterráneo, contrasta con la que está desarrollando el Gobierno de España.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, desveló ayer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está redactando un nuevo decreto para regular el trasvase Tajo-Segura después de que el Tribunal Supremo rechazara los recuros que se presentaron contra los nuevos caudales ecológicos. La resolución judicial implica un recorte significativo de los volúmenes que pueden derivarse hacia la cuenca del Segura a través del trasvase, lo que supondrá una menor producción agrícola y una menor autosuficiencia alimentaria.