La reforma fiscal de Mazón incluirá bajadas de impuestos para «reducir las trabas administrativas»

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha indicado que «en breve» presentará su propuesta de reforma fiscal, que ha actualizado para adaptarla «a la situación económica actual», pero también un plan para «reducir las trabas burocráticas en la administración». Tras remarcar la importancia de «acabar de una manera rápida y efectiva con la alta carga fiscal» que existe en la región, ha dejado bien claro que su formación política va a impulsar «la reforma fiscal más importante de la historia de la Comunidad Valenciana».

Así, ha destacado que su propuesta está «encaminada a devolver en bajada de impuestos los 1.800 millones de euros que el Consell de Ximo Puig ha recaudado de más a los valencianos». En esta línea, ha asegurado que eliminará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como el de Impuesto de Patrimonio, si bien ha destacado que impulsará una reducción del 60% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Con el objetivo de «ayudar tanto a los que más lo necesiten como fomentar la actividad económica», ha hecho hincapié que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales será progresivo.

A lo largo de su intervención, también ha destacado que la bajada de IRPF «afecta a todos, un poco a los que más tienen y mucho a las rentas más bajas, con reducciones de hasta el 30%», a la vez que ha avanzado que impulsará reducciones fiscales, como para las personas que practican deporte. «Todas estas propuestas están muy trabajadas y ya las estamos poniendo en marcha donde gobernamos», ha insistido.

«Junto a esta rebaja fiscal, es importante reducir la burocracia en la administración para atraer inversiones extranjeras y ayudar a que nuestras empresas puedan seguir creando riqueza y puestos de trabajo», ha remarcado. Por ello, ha prometido la puesta en marcha de cuatro medidas.

En concreto, hacer que «el silencio administrativo sea positivo, la declaración responsable como norma, la puesta en marcha del canal empresa y la introducción por primera vez de la responsabilidad patrimonial de la administración ante los retrasos sobre una solicitud o trámite».