Anticorrupción pide cinco años para Rato por estafa en el caso Bankia

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para Rodrigo Rato por un delito de estafa a los inversores en la salida a bolsa de Bankia

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. EFE/ED/archivo

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El juicio por la salida a bolsa de Bankia concreta sus peticiones de penas. La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, por un delito de estafa a los inversores. El fiscal le exime, eso sí, del delito de falsedad contable que le atribuía el juez instructor del caso, Fernando Andreu.

En el escrito el fiscal atribuye ese mismo delito al ex vicepresidente de Bankia José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel, al ex consejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses). Asimismo el ministerio público exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma.

El fiscal pide además que se imponga a cada uno de los cuatro acusados una multa de 60.000 euros. Anticorrupción solicita que declaren como testigos el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

La fiscalía pide que se archive la causa, no sólo contra los otros 28 acusados por el juez, sino también sobre BFA-Bankia, cuyo comportamiento acredita «el compromiso de sus dirigentes con una cultura empresarial ética», sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder. Según el relato del fiscal Alejandro Luzón, el folleto de la salida a bolsa era «incompleto» por la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y «deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad».

En este sentido, asegura que el documento que se entregó a quienes acudieron a la operación «arrastraba controvertidos criterios contables» adquiridos previamente por algunas de las siete cajas de ahorros que integraron Bankia, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, que protagonizaron las mayores críticas en los informes aportados a la causa por los peritos judiciales.

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