Los investigadores de BPA regresan a EEUU con las manos vacías

La inspección de dos meses termina sin que se descubra ni un euro dudoso más de los que ya existían; el volumen de dinero blanqueado ascendería a 200 millones, el 7,5% de lo sospechado

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Los cien técnicos subcontratados a PwC para registrar de cabo a rabo la sede central y las principales oficinas de Banca Privada de Andorra (BPA) vuelven a Estados Unidos con las manos vacías después de transcurrir 60 días en los que se ha revisado a consciencia las cuentas de la entidad.

El plazo legal para desarrollar la investigación terminó el viernes último sin que se haya encontrado un euro sospechoso adicional a los que ya se conocían. De este modo, el volumen de activos financieros presuntamente blanqueados queda fijado en una horquilla de 200 a 220 millones, según las fuentes consultadas próximas a la investigación.

Sólo el 7,5% de lo anunciado

Se trataría del 7,5% del total temido. El Tesoro estadounidense barruntaba que el fraude ascendiera hasta los 2.800 millones. Con esas cifras en la mano emitió el aviso internacional a través de la Fincen del pasado 10 de marzo.

Según las sospechas iniciales, el dinero de origen ilícito habría fluido por alguna cuenta del banco de la familia Cierco o de sus filiales internacionales, incluidos grupos colaboradores en suelo estadounidense. Las autoridades financieras americanas intentan averiguar ahora si estaba asociado a las organizaciones terroristas. Sin embargo, no hay rastro fiable de esos capitales.

La investigación salpica a más bancos

Además de realizar pesquisas internas en BPA se ha recabado información en Deutsche Bank Trust Co Americas, HSBC y Citigroup. Los datos recopilados en estas otras tres entidades –que habrían supuestamente cooperado con los banqueros andorranos en sus tramas de lavado de capitales– acabarán de definir la magnitud del caso.

Hasta que se filtren y pongan en común las averiguaciones desarrolladas las últimas semanas, hay consenso sobre el peso mínimo de las tres investigaciones sobre la entidad pirenaica.

La trama venezolana, con unos 130 millones en activos, fue la más activa, seguida por el ruso Andrei Petrov (que dispondría de otros 50 millones invertidos en activos conservadores). Por último, figura el presunto capo de la mafia china Gao Ping (35 millones).

Los importes exactos así como los titulares sospechosos se conocerán en los próximos meses (incluso años), cuando el Tesoro estadounidense haga oficiales las conclusiones de la investigación y proceda judicialmente, si cabe.

Otra deriva que se desinfla es el cobro de comisiones por parte de al menos cuatro directivos de BPA. El Tesoro estadounidense sospechaba que habrían ingresado al menos tres millones en mordidas giradas por Petrov. Tampoco se han podido sostener estas acusaciones. El consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel Prats, sigue en prisión.

Los Cierco, apartados de BPA

Andorra mantiene intervenida la entidad financiera sin que el Gobierno haya decidido qué hacer, aunque el plazo para la investigación terminó el viernes. El presidente de Andorra, Antoni Martí, dijo que se trataba de una «medida provisional».

El consejo de administración está suspendido desde el 12 de marzo. El FROB andorrano (AREB) dirige el banco, con David Betbesé al frente. Los todavía propietarios, la familia Cierco, ni siquiera pueden acceder a su entidad (formalmente no está nacionalizada).

El registro minucioso de los últimos 60 días tiene un coste, que deberá abonar la propia BPA. La minuta será de entre siete y nueve millones de euros. Aunque el banco suponía el 20% del sistema financiero local, la intervención ha deteriorado notablemente sus posiciones de tesorería.

Los clientes responden a Fincen

Los clientes continúan sometidos a severas restricciones. Más de 300 han cumplimentado los formularios oficiales de respuesta a Fincen. El organismo del Tesoro estadounidense los ha incorporado a la investigación. Con ellos, los pequeños ahorradores declaran que sus saldos y la procedencia son legítimos y que el proceso les está generando graves perjuicios.

Ismael García Villarejo

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