El Supremo tumba las hipotecas multidivisa de Caixabank tras 10 años de lucha
El alto tribunal declara abusivas las cláusulas por falta de transparencia, pero no obliga a devolver el dinero a los afectados
El alto tribunal declara abusivas las cláusulas por falta de transparencia, pero no obliga a devolver el dinero a los afectados
El Tribunal Supremo ha puesto fin a más de diez años de batalla judicial al anular las hipotecas multidivisa comercializadas por Barclays y heredadas por CaixaBank tras la adquisición de su negocio minorista en 2014. La sentencia concluye que la “falta de transparencia” de estas cláusulas implica también su carácter abusivo, marcando un precedente clave en la defensa de los consumidores financieros.
El fallo obliga a la entidad a dejar de aplicar estas condiciones en todos sus préstamos hipotecarios, convertirlos a euros y comunicar el cambio a los clientes afectados. Sin embargo, no contempla la devolución de las cantidades cobradas de más, lo que ha generado críticas entre las asociaciones de usuarios.
Una victoria judicial “a medias”
La resolución llega tras una larga lucha liderada por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que ha calificado el resultado como una “justicia colectiva a medias” según recogía Europa Press. Aunque celebra el reconocimiento del abuso, lamenta que no se haya impuesto la restitución económica, lo que obligará a muchos afectados a acudir a pleitos individuales.
Desde la organización advierten de que esta situación seguirá “colapsando los juzgados” y reclaman la transposición de la normativa europea para reforzar las acciones colectivas en España.
El riesgo oculto de las hipotecas multidivisa
Las hipotecas multidivisa se popularizaron durante los primeros años de la crisis financiera, cuando el Euríbor alcanzaba niveles cercanos al 5%. Estos productos permitían vincular el préstamo a monedas extranjeras, como el franco suizo, ofreciendo en apariencia cuotas más bajas.
Sin embargo, el principal riesgo residía en la fluctuación del tipo de cambio. Si la divisa extranjera se apreciaba frente al euro, el importe de la deuda aumentaba, independientemente del interés aplicado. Así, muchos clientes vieron cómo su hipoteca crecía en lugar de reducirse.
El Supremo considera probado que los consumidores no recibieron información suficiente para comprender estos riesgos, lo que les impidió comparar adecuadamente estas hipotecas con otras convencionales en euros.

Un mercado opaco de miles de millones
Según datos recogidos en el Diario Oficial de las Cortes Generales en 2015, entidades como Barclays, Bankinter o Banco Popular llegaron a comercializar hipotecas multidivisa por más de 4.700 millones de euros. A día de hoy, muchas cifras siguen sin hacerse públicas.
Además, aún quedan abiertas demandas colectivas contra otras entidades que comercializaron estos productos, ahora en manos de nuevos grupos bancarios.
El Supremo: falta de transparencia y desequilibrio
En su sentencia, según desvelaba Europa Press, el alto tribunal subraya que la falta de transparencia no es un defecto menor, sino que genera un “grave desequilibrio” en perjuicio del consumidor. Según el fallo, los clientes asumieron riesgos que desconocían, lo que les llevó a comprometerse en contratos con “consecuencias ruinosas”.
Asimismo, advierte del riesgo de “infragarantía”, es decir, que el valor de la deuda pudiera superar el del inmueble hipotecado en caso de depreciación del euro.
Un precedente con efectos limitados
Aunque la decisión supone un respaldo claro a los afectados, su alcance práctico queda limitado por la ausencia de compensaciones automáticas. Para muchos consumidores, la única vía para recuperar su dinero será iniciar nuevos procedimientos judiciales.
Desde Asufin, su presidenta Patricia Suárez ha reconocido a los compañeros de Europa Press de la “satisfacción de haber cumplido” con los afectados, pero insiste en que el sistema “no les protege lo suficiente”. A su juicio, este tipo de resoluciones sin restitución económica consolidan una sensación de victoria incompleta frente a los abusos bancarios.
La sentencia abre un nuevo capítulo en la protección del consumidor financiero en España, pero también evidencia las carencias del actual sistema para ofrecer soluciones colectivas efectivas. Mientras tanto, miles de afectados deberán decidir si continúan la batalla en los tribunales.