Red Eléctrica se expone a una multa de hasta 60 millones por mala gestión y programación en el apagón
Los expedientes sancionadores de la CNMC dejan al operador del sistema como el gran señalado
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos
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Red Eléctrica queda como la gran señalada en los expedientes sancionadores que ha incoado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el apagón del 28 de abril. El operador del sistema se enfrenta a una multa de hasta 60 millones por una infracción muy grave en caso de que el regulador considere que actuó de forma indebida el día del incidente.
A diez días de cumplirse un año del apagón histórico y, tras los informes oficiales del Gobierno, del organismo europeo Entso-E y de la propia CNMC, el regulador ha iniciado 20 investigaciones: una a Red Eléctrica y 19 a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y la suiza Gunvor.
La única considerada «muy grave» por la normativa es la que se le imputa en la incoación del expediente a Red Eléctrica. Competencia investiga la infracción del artículo 64.25 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE), concretamente el «incumplimiento del operador del sistema del mercado de las funciones k- , l- , r- y u- contempladas en el artículo 30.2 con perjuicio para el sistema o sujetos».
La función k-, según indica la ley, consiste en «programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado (…) gestionando los mercados de servicios de ajuste del sistema que resulten precisos para garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan».
Red Eléctrica se enfrenta a una multa de 60 millones sin haber provisionado
De haber cometido una infracción en este punto, Red Eléctrica habría fallado en la programación del día anterior, que ya señaló el propio informe del Gobierno por no haber utilizando la energía convencional (nuclear, gas, hidráulica) necesaria para controlar la tensión.
El resto de funciones señaladas por Competencia van desde impartir instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema y proporcionar a todos los gestores de las redes la información suficiente, hasta gestionar los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en la península.
La ley establece sanciones que van desde los seis millones de euros hasta los 60 millones de euros por este tipo de infracciones. Una cantidad que tendrá que decidir la CNMC en caso de concluir que la compañía que preside Beatriz Corredor cometió dichas infracciones.
Por el momento, Red Eléctrica no ha provisionado en sus cuentas ningún tipo de impacto económico derivado de las posibles multas o reclamaciones por el apagón eléctrico y, según ha venido indicando en sus últimas presentaciones, no tiene intención de hacerlo.
Las eléctricas se enfrentan sanciones de hasta seis millones
En el caso de las compañías privadas, el marco sancionador es distinto, tanto en cuantía como en naturaleza. La Ley del Sector Eléctrico fija para las infracciones graves multas que van desde los 600.001 euros hasta los seis millones de euros.
En determinados supuestos, estas sanciones también pueden modularse en función del beneficio obtenido o del volumen de actividad (10% de facturación anual), aunque el techo económico es significativamente inferior al de las infracciones muy graves.
Pero la diferencia no es solo cuantitativa. Mientras que las infracciones muy graves suelen asociarse a fallos estructurales o a incumplimientos que afectan directamente a la seguridad del suministro, las graves se vinculan, en muchos casos, a incumplimientos operativos o administrativos.
Diversas fuentes sostienen que los expedientes abiertos a las eléctricas no están directamente relacionados con la gestión del apagón, sino con el funcionamiento de determinadas centrales en un periodo que abarca hasta dos años, entre 2023 y 2025.
Por lo que, según defienden desde el sector energético, no tienen una conexión directa con el colapso del sistema el 28 de abril. Esta versión choca con la lectura que se desprende del movimiento de la CNMC para agrupar todos los expedientes bajo el paraguas del apagón.
En un escenario en el que los afectados podrán empezar a reclamar judicialmente a partir de finales de abril, la delimitación de responsabilidades podría adquirir un valor estratégico, pese a que todos los informes oficiales apuntan a un origen multifactorial y no señalan directamente a ningún responsable.
En esta línea, la diferencia entre un fallo en la operación del sistema y los incumplimientos administrativos acumulados en el tiempo podrían ser definitorios a la hora de establecer un responsable jurídico al que reclamar indemnizaciones millonarias.
