Andalucía vota entre la entrada en vigor de la Ley de Vivienda o la liberalización de suelo
A varios días de las elecciones del 17 de mayo, el acceso a la vivienda eclipsa al resto de grandes debates electorales
Montaje realizado por Economía Digital.
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Málaga quinta provincia más cara de España para alquilar. Sevilla con listas de espera para vivienda protegida que se miden en años. Jóvenes que destinan más del 40% de su salario a pagar un alquiler en capitales y zonas costeras. El diagnóstico del mercado inmobiliario andaluz en la primavera de 2026 es, cuando menos, preocupante.
El precio medio del alquiler en Andalucía se situó a comienzos de año en 11,87 euros por metro cuadrado, tras encadenar una subida del 6,3% interanual, mientras que Málaga registró 14,37 euros por metro cuadrado, consolidándose como la quinta provincia más cara de España para alquilar vivienda.
El problema no es exclusivo de la comunidad, pero en Andalucía tiene una dimensión particular: la presión del turismo sobre el parque residencial, la atracción de capital internacional hacia la Costa del Sol y la insuficiente producción de vivienda nueva han creado un cóctel explosivo que ha irrumpido de lleno en la campaña electoral.
Con las urnas a la vista, los cinco principales partidos que concurren el 17 de mayo han presentado programas que, más allá de la retórica, revelan filosofías radicalmente distintas sobre qué papel debe jugar el Estado en el mercado inmobiliario.
El PP apuesta por reducir la burocracia
Juanma Moreno llega a estas elecciones con el viento a favor de los sondeos, pero con la vivienda como talón de Aquiles de su gestión. Su respuesta es pragmática y se apoya en dos pilares: reducir la burocracia que ralentiza la construcción y aliviar la carga fiscal de compradores y donantes.
La propuesta más llamativa del programa popular es la Licencia Urbanística Provisional de Obra, una figura que permitiría el inicio de proyectos de construcción con solo el diseño básico aprobado, sin esperar a los largos plazos de tramitación que actualmente paralizan a muchas promotoras.
En paralelo, el PP propone la cesión de suelos públicos a promotoras privadas para construir vivienda de protección oficial (VPO), un modelo de colaboración público-privada que ya ha dado resultados desiguales en otras comunidades.
El PSOE-A pone la Ley de Vivienda en el centro
Los socialistas, que buscan recuperar la Junta después de ocho años en la oposición, han convertido la vivienda en el eje vertebrador de su campaña. Su apuesta es clara: aplicar sin ambages la Ley Estatal de Vivienda que el PP andaluz ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, lo que supondría activar las zonas tensionadas y los topes de precios en áreas de alta presión residencial como Málaga, Sevilla o la Costa del Sol.
La propuesta más concreta del PSOE-A es la construcción directa de 10.000 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura, una cifra que sus rivales califican de electoralista pero que los socialistas defienden como el mínimo necesario para hacer mella en la lista de espera.
El programa incluye también un Bono Alquiler Universitario para estudiantes desplazados, un colectivo especialmente castigado por los precios disparados en ciudades con grandes campus como Sevilla, Granada o Málaga, y programas de intermediación entre propietarios e inquilinos.
En la línea de la regulación, los socialistas proponen limitar los pisos turísticos en barrios históricos e implantar una tasa turística, medidas que apuntan directamente a la transformación del mercado residencial en ciudades como Sevilla o Granada, donde la proliferación de apartamentos de corta estancia ha vaciado de vecinos barrios enteros.
Vox: soberanía nacional y liberalización del suelo
El partido de Santiago Abascal en Andalucía combina el discurso identitario con una propuesta de corte liberal en materia de suelo. Su medida más polémica, la denominada Prioridad Nacional, establece que las ayudas al alquiler y el acceso a la VPO se destinen preferentemente a ciudadanos de nacionalidad española.
Una propuesta que ha generado críticas de inconstitucionalidad desde el ámbito jurídico pero que conecta con un discurso de agravio que cala en ciertos segmentos del electorado.
En el plano económico, Vox apuesta por un Banco Andaluz de Suelo que libere terrenos con el objetivo de aumentar masivamente la oferta y presionar a la baja los precios de mercado.
Es, en esencia, una apuesta por la liberalización frente a la regulación. Completa su programa una política de desahucios inmediatos y tolerancia cero con la ocupación ilegal, en línea con su discurso de protección de la propiedad privada.
La izquierda alternativa: dura con los fondos
Por Andalucía y Adelante Andalucía, las coaliciones que agrupan a Sumar, IU y otras fuerzas de izquierda, proponen la intervención más decidida en el mercado.
Su diagnóstico parte de que el problema no es de oferta sino de distribución: hay viviendas vacías suficientes, pero están en manos de grandes tenedores —bancos y fondos de inversión— que no las ponen en el mercado.
Por ello, su medida estrella es obligar a esos grandes propietarios a poner sus viviendas vacías en régimen de alquiler social, bajo amenaza de expropiación de uso.
Junto a ello, proponen aplicar de forma estricta los topes de la Ley de Vivienda, ampliar sustancialmente el parque público de alquiler y adoptar medidas específicas para frenar la compra de inmuebles con fines puramente especulativos por parte de fondos de inversión.
Un debate con mucho en juego
El mercado del alquiler entra en 2026 en uno de sus escenarios más complejos de las últimas décadas: precios en máximos históricos, oferta en mínimos y una demanda que no deja de crecer, con los jóvenes que retrasan la compra como principal grupo impulsor. En ese contexto, la elección del próximo gobierno andaluz tendrá consecuencias reales y tangibles para cientos de miles de familias.
La fractura que dibuja esta campaña no es nueva, pero sí se ha agudizado. De un lado, quienes creen que la solución pasa por facilitar al sector privado que construya más y más rápido. Del otro, quienes sostienen que sin intervención pública el mercado seguirá excluyendo a los que menos tienen. Entre medias, propuestas que mezclan elementos de ambas filosofías con dosis variables de populismo.
Lo que nadie discute, en ninguno de los cinco programas, es que Andalucía tiene un problema grave de acceso a la vivienda. El 17 de mayo, los andaluces elegirán quién tiene la receta para resolverlo.
