Juanma Moreno deja 4.415 millones en pagos de deuda como herencia financiera en el año electoral
El nivel de endeudamiento, el más bajo de la última década, es también tres puntos inferior a la media de las autonomías
El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, a su llegada al segundo debate ‘a cinco’ que se celebra dentro de la campaña electoral andaluza. Joaquín Corchero / Europa Press
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La gestión económica de Juanma Moreno llega a la recta final de la legislatura con una herencia financiera cerrada para el Gobierno que salga de las urnas. En concreto, el próximo Ejecutivo autonómico tendrá que desembolsar 4.415,9 millones de euros en 2026 destinados a cubrir los vencimientos e intereses de la deuda pública.
Se trata de un pago estructural en las cuentas andaluzas que, para el próximo ejercicio, se encarece un 2,8% y supone 118,7 millones adicionales con los que arrancará el nuevo mandato.
A pesar del encarecimiento absoluto de la factura anual, el balance de la legislatura muestra una contención del peso del pasivo sobre la riqueza regional. El informe económico y financiero de las cuentas andaluzas destaca que la comunidad «ha reducido su ratio de deuda sobre PIB hasta niveles inferiores a los de hace una década y más de tres puntos por debajo del promedio sectorial».
Esta contención otorga a la región una posición de ventaja competitiva frente a otras administraciones en un momento en el que el retorno de las reglas fiscales europeas exige una mayor disciplina.
Contexto nacional y comparativa autonómica
La herencia que asume la próxima legislatura andaluza se enmarca en un escenario de paulatina reducción del peso de la deuda a nivel estatal. Según el Banco de España, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas cerró el año 2025 situándose en el 100,7% del Producto Interior Bruto (PIB).
Esta cifra supone un descenso de un punto porcentual respecto a hace un año y representa, a su vez, el nivel más bajo observado desde el año 2020. No obstante, en términos absolutos, el endeudamiento público español continúa creciendo a un ritmo del 4,8% interanual, hasta alcanzar los 1.698 miles de millones de euros.
Dentro del desglose por subsectores, la Administración Central ha acaparado el 92,6% del PIB; las corporaciones locales, un 1,2%; y las comunidades autónomas, un 20,2%. El pasivo de las administraciones autonómicas contabilizado según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se sitúa en 342.000 millones de euros, registrando un crecimiento interanual del 1,7%.
La radiografía territorial evidencia además disparidades en las que Andalucía está en la media, con un 18,1%. Mientras comunidades como Navarra (9,4%), Canarias (10,8%), Madrid (11,3%), País Vasco (11,5%) y Asturias (12,3%) se han mantenido por debajo del límite legal del 13%, otros territorios han afrontado situaciones mucho más comprometidas.
Muestra de ello son la Comunidad Valenciana, que ha continuado liderando la tabla con una ratio del 40,7%, seguida a gran distancia por la Región de Murcia (31,2%), Castilla-La Mancha (28,3%) y Cataluña (28,2%).
Confianza del mercado
Para hacer frente a los vencimientos, el Ejecutivo andaluz ha mantenido esta legislatura una estrategia centrada en la financiación a través de los mercados. El objetivo primordial ha sido ampliar la vida media de la cartera de deuda, blindándola frente a posibles episodios de volatilidad.
Las previsiones de la Junta señalan, por otra parte, que el Euríbor a tres meses se mantendrá en torno al 2% durante 2026.
Este acceso a la financiación privada se ha visto avalado por las agencias de calificación: Moody’s ha elevado en dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, pasando de Baa2 a A3 con perspectiva estable, lo que ha igualado la solvencia de la comunidad con la del Tesoro de España.
El lastre de la infrafinanciación
Pese a la mejoría relativa, el impacto de inmovilizar 4.415,9 millones de euros en 2026 es significativo. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto prevé destinar un volumen de 6.409,3 millones de euros a la inversión pública, lo que equivale al 2,7% del PIB.
Además, tres consejerías de corte social (Sanidad, Educación e Inclusión Social) han concentrado el 56,5% del gasto total con 29.168,8 millones de euros. Abonar la deuda también implicará desembolsar casi la mitad del montante que se ha destinado íntegramente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, fijado en 9.339 millones.
Desde el Gobierno andaluz de Juanma Moreno lamentan, sin embargo, que este esfuerzo fiscal ha estado penalizado por la infrafinanciación desde el Gobierno central de Pedro Sánchez. La Junta ha cuantificado sistemáticamente esta merma en «más de 1.500 millones de euros anuales».
Mientras no se reforme el sistema de 2009, Andalucía ha exigido a lo largo de gran parte de la legislatura un fondo transitorio de compensación. A esto se ha sumado la incertidumbre generada por la falta de concreción estatal sobre la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, lo que ha limitado la visibilidad sobre el margen inversor de la próxima legislatura.
