El Gobierno activa un plan para borrar 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas
El Gobierno ha vinculado explícitamente la medida a la protección del Estado del Bienestar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
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El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en la reestructuración de la financiación autonómica al aprobar el Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas.
La norma habilita la condonación de 83.252 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas de régimen común con el Estado, fundamentalmente ligada a los mecanismos extraordinarios de liquidez activados tras la crisis financiera y la crisis de deuda soberana.
Se trata de la mayor operación de alivio de deuda autonómica realizada en España desde la creación del Estado de las Autonomías, con el objetivo declarado de reducir el peso de la deuda sobre los presupuestos regionales y liberar recursos para sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.
El Ejecutivo sostiene que esta decisión corrige parte de los desequilibrios generados durante los años en los que las comunidades quedaron prácticamente cerradas al mercado y tuvieron que recurrir masivamente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros instrumentos estatales para poder financiarse.
El Proyecto de Ley fija como referencia la deuda viva de las comunidades con los fondos estatales a 31 de diciembre de 2023, principalmente vinculada al FLA, al Fondo de Pago a Proveedores y a otros mecanismos extraordinarios creados para afrontar la crisis financiera y sus efectos posteriores.
La arquitectura de la medida se apoya en tres grandes pasos. En primer lugar, el Estado asume una quita inicial sobre la deuda mantenida con estos fondos, que en algunos casos alcanza en torno al 50% del importe pendiente, dependiendo de la situación de cada autonomía.
En segundo lugar, se introduce un ajuste para que ninguna comunidad quede con una ratio de deuda por habitante ajustado inferior al 19% del PIB, de modo que se corrigen las diferencias históricas entre territorios que se vieron más obligados a recurrir a la financiación estatal de emergencia.
Por último, se articula un mecanismo de compensación adicional para aquellas regiones que realizaron un mayor esfuerzo fiscal o que presentaban una posición de deuda relativamente más contenida, con el fin de evitar que la operación sea percibida como un premio a quienes más se endeudaron.
Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la condonación generará un ahorro acumulado en intereses de unos 15.657 millones de euros hasta el año 2030, con un impacto aproximado de 2.500 millones anuales en los primeros ejercicios de aplicaciónes
La operación reducirá la ratio conjunta de deuda autonómica en torno a 5 puntos de PIB, en un contexto en el que la deuda de todas las Administraciones Públicas ronda todavía el 100% del PIB y la de las comunidades se sitúa en el entorno del 21% del PIB en 2025, según el Banco de España.
Comunidades más beneficiadas por el Gobierno
Entre las regiones más favorecidas por la quita de deuda, destacan Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que concentran una parte muy relevante del volumen condonado debido tanto a su tamaño económico como al uso intensivo de los mecanismos extraordinarios de financiación en la última década.
En el caso de Andalucía, la condonación supera los 18.000 millones de euros, mientras que Cataluña ronda los 17.000 millones, y la Comunidad Valenciana se sitúa por encima de los 11.000 millones, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda y diversas estimaciones de medios económicos.
Otras comunidades de gran peso demográfico y fiscal como Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia también se benefician de la reducción de deuda, aunque en distinta magnitud, contribuyendo en conjunto a esa cifra global de 83.252 millones asumidos por el Estado.
En términos prácticos, la condonación no supone una entrada directa de dinero nuevo en las arcas autonómicas, pero sí implica una menor carga financiera anual, al reducir tanto el principal como los intereses a pagar en los próximos años.
El Gobierno ha vinculado explícitamente la medida a la protección del Estado del Bienestar, comprometiendo que el margen liberado se destine a reforzar servicios públicos y a mejorar la calidad de la inversión social, en lugar de utilizarse para rebajas fiscales indiscriminadas.
