El Tribunal de Cuentas destapa un impacto de 2,2 millones por las ayudas a Dhul en el caso ERE

De dicha cantidad, 412.805,44 euros corresponden al pago con fondos públicos por parte de la prima de dos contratos de seguro de rentas de prejubilación

El Tribunal de Cuentas cifra en 2,2 millones el "alcance" en el patrimonio de la Junta de las ayudas a Dhul del caso ERE

El Tribunal de Cuentas cifra en 2,2 millones el «alcance» en el patrimonio de la Junta de las ayudas a Dhul del caso ERE

En el marco del caso de los ERE fraudulentos con el grupo DHUL, el Tribunal de Cuentas ha declarado la existencia de un alcance causado por el patrimonio público de la Junta de Andalucía por un importe de 2.251.329,36 euros, que se vincula directamente a las ayudas sociolaborales y a la prejubilación concedida por la consejería de empleo entre 2001 y 2010. 

Los implicados en el caso

Por este motivo, la resolución considera como responsables directos más allá de la empresa DHUL, a las personas que desempeñaban el puesto de director general de Trabajo de la Junta a Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. 

Según informaba el tribunal en un comunicado, la empresa DHUL recibía ayudas de carácter sociolaborales y a la prejubilación concedidas por la consejería de empleo. Una acusación que se incluye en la sentencia dictada por la consejera del Departamento 2 de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. 

Movimientos llamativos

La resolución declara la existencia de un alcance económico de 2.251.329,36 euros derivado del patrimonio público de la Junta de Andalucía. 

De dicha cantidad, según desvelaba el Tribunal de Cuentas, cerca de 412.805,44 euros corresponden al pago con fondos públicos por parte de la prima de dos contratos de seguro de rentas de prejubilación. Estos estaban destinados a garantizar la percepción de dichas rentas por 3 personas ajenas al colectivo de extrabajadores de DHUL y que estaban directamente afectados por los despidos realizados por la empresa. 

Sin embargo, la sentencia declara que se produjo una concesión de una ayuda directa a la misma empresa por un importe de 1.838.523,92 euros sin una justificación suficiente. Esta pretendía ser destinada a afrontar la devolución de un préstamo concedido por una entidad financiera. 

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