El 30% de las instalaciones industriales andaluzas suspende las inspecciones de seguridad por antigüedad
Suspenso en las fábricas andaluzas: una de cada tres instalaciones sigue trabajando con tecnología de hace décadas y el sector se queda «sin manos» para renovarlas
El viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, en la inauguración de FADIA 2026. Foto: Economía Digital
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Cristóbal Sánchez, viceconsejero de Industria, Energía y Minas, ha revelado que entre los años 2024-2025 se han llevado a cabo más de 85.000 inspecciones periódicas en Andalucía, obligatorias para las empresas a través de organismos de control. De estas inspecciones, hay un gran nivel de rechazo e incidencias, un 30-32% durante estos dos últimos años.
La industria andaluza ya genera más de 23.000 millones de euros, pero muchas de sus infraestructuras no están al mismo nivel, ya que necesitan mejoras y modernización para adaptarse a las exigencias actuales.
Según los datos presentados por el viceconsejero de Industria, Energía y Minas en el Congreso FADIA 2026, «la antigüedad del parque de instalaciones es un reto importante y una enorme responsabilidad para el sector».
Equipos que ya no pasan el examen
La Junta de Andalucía ha señalado que este alto índice de fallos se debe a la antigüedad de los equipos. Muchas instalaciones operan con normativas de hace años y no cumplen los requisitos actuales de seguridad. Esto no solo aumenta el riesgo de accidentes, sino que también provoca paradas inesperadas en la producción, generando así costes económicos para las empresas.
Ante esta situación, el viceconsejero de Industria, Energía y Minas ha destacado dos ideas principales: por un lado, la necesidad urgente de renovar el parque industrial andaluz, ya que muchas instalaciones están envejecidas y necesitan actualizarse para seguir siendo competitivas; y por otro, el papel fundamental de los instaladores, cuya labor es clave para modernizar los equipos y asegurar que las instalaciones sean seguras y eficientes.
Para poder afrontar este problema que tiene la región, el sector de los instaladores está creciendo muy rápido: desde 2023 se han creado unas 1.000 empresas nuevas al año para reformar y modernizar fábricas y edificios. Actualmente, Andalucía cuenta con un récord de 15.382 empresas de seguridad industrial, la mayoría dedicadas a la electricidad y a la climatización y calefacción.
De 8 a 1.700 megavatios en siete años
Cristóbal Sánchez ha aportado cifras que muestran que el autoconsumo dentro del sector es esencial: en los últimos siete años se ha pasado de apenas 8 megavatios a superar los 1.700 megavatios instalados. De hecho, el 11% de toda la potencia renovable de Andalucía ya es autoconsumo.
A esto se suman los Certificados de Ahorro de Energía (CAE), una herramienta que, según los datos aportados por el viceconsejero, ha tenido un gran impacto. En apenas dos años, Andalucía ha cuadruplicado el volumen de intervenciones, saltando de las 111 iniciales a las 444 actuales.
Estas medidas han generado un ahorro económico cercano a 30 millones de euros y más de 188 millones de kWh ahorrados. El viceconsejero ha destacado que estos resultados son fruto de una política industrial «aterrizada» en el sector instalador.
660 millones para nuevo equipamiento
Para ayudar a las empresas a modernizar sus instalaciones, la Junta de Andalucía gestiona un paquete de ayudas de 870 millones de euros a través de la Agencia Andaluza de la Energía.
De esta cantidad, 660 millones se destinan a la adquisición de nuevo equipamiento y a la mejora de las instalaciones, con la intervención directa de empresas instaladoras. Estos fondos proceden de los programas FEDER, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
El objetivo es que las empresas aprovechen estos fondos para «ponerse al día» con la normativa y, de paso, asegurar su futuro con tecnología más actual.
50.000 plazas de FP para un sector «sin manos»
El trabajo está ahí, garantizado, pero el sector se enfrenta a un notable déficit de personal. El relevo generacional y la falta de técnicos cualificados son las principales barreras detectadas.
La administración autonómica dispone actualmente de 50.000 plazas de formación profesional en ámbitos STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). El 26% de estas plazas están vinculadas a oficios de instalación y mantenimiento. Concretamente, hay 8.200 plazas en electricidad y electrónica, 2.600 en mantenimiento y cerca de 1.000 en energía y agua.
Y aunque la administración tenga todas estas plazas disponibles, lo cierto es que no se están cubriendo. Por eso, el reto está en atraer a jóvenes que las ocupen, para que en el futuro puedan dedicarse a ello y sacar adelante todas las reformas que siguen pendientes en este sector.
