La patronal andaluza protesta por los decretos de vivienda del Gobierno: «No se ha consultado a los empresarios»

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, advierte sobre el déficit de oferta frente a la normativa

El presidente de la CEA, Javier González de Lara.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara. María José López / Europa Press

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha expresado el rechazo del tejido empresarial a la forma en que el Gobierno ha desplegado su nueva normativa sobre el mercado de la vivienda.

La queja principal de la patronal se centra en la falta de diálogo ante unas medidas que regulan la práctica totalidad del sector: «Sobre cuestiones que podemos aportar los empresarios, y por supuesto reivindicar, es que en ocasiones no se nos consulta».

La organización andaluza lamenta que el Ejecutivo obvie al sector privado en un tema que consideran de «enorme calado y relevancia social».

«En ocasiones, los responsables políticos piensan, desde su criterio legítimo […], que las soluciones pueden ser siempre desde el ámbito público», ha señalado González de Lara.

Esta visión gubernamental criticada por la patronal se refleja directamente en la nueva regulación, que blinda el patrimonio residencial del Estado mediante el traspaso de inmuebles a la empresa pública Casa 47 para impedir su futura privatización. Además, el decreto introduce exenciones fiscales sobre las ganancias patrimoniales para quienes vendan propiedades a las administraciones públicas.

«Crisis de oferta de vivienda»

Uno de los puntos de mayor fricción es la estigmatización de la inversión que perciben las compañías. El representante empresarial ha sido categórico en su defensa: «No existen las pymes buitres».

Por el contrario, según ha expresado, «existen empresas que colaboran, que actúan, que participan en el mercado inmobiliario y que lo que están precisamente es para resolver esos problemas sociales».

En paralelo a esta reivindicación, el decreto concreta el veto a estos perfiles financieros. La norma prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2028 que las entidades cuyo objeto sea la adquisición de inmuebles compren viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación, salvo que estas se destinen a un alquiler social o asequible.

El diagnóstico de la crisis habitacional también separa a la administración de los empresarios: «Estamos diciendo que hay una crisis de oferta, y no se está resolviendo porque hay una serie de problemas globales que no se están abordando, quizás, con el rigor necesario».

Sin embargo, la intervención gubernamental fía su eficacia a la contención de la demanda y de las rentas, no a la construcción. El texto legal impone la congelación de los alquileres o su limitación al 2% hasta finales de 2027, al tiempo que incorpora prórrogas extraordinarias de 2 años para los contratos de vivienda habitual.

Asimismo, el Gobierno endurece los arrendamientos de temporada, exigiendo una causa acreditable, y topa el alquiler por habitaciones para que su suma total no supere la renta del piso completo.

La confederación se abre al diálogo

Frente a un decreto que penaliza fiscalmente las subidas de precios mermando las reducciones en el IRPF, eleva el gravamen a las socimi y prohíbe los desahucios de vulnerables hasta 2030, la patronal exige un cambio de rumbo.

«Tenemos un déficit enorme, que se tiene que resolver, sobre todo, con el consenso; no con tanta visión ideológica, sino poniendo a todas las partes encima de la mesa, escuchándonos unos a otros», ha reclamado González de Lara.

A pesar de la falta de consulta previa, los empresarios han reiterado su disposición a colaborar. Según ha destacado el dirigente, las organizaciones del sector están dispuestas a hacer propuestas constructivas para hacer más viviendas. Este ofrecimiento podría encontrar encaje en una de las medidas de fomento de la producción del decreto: la creación de avales públicos para facilitar financiación a pymes y promotores que empleen sistemas de construcción industrializada.

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