El TSJA tumba el acuerdo sobre las viviendas de uso turístico en Granada
Foto de la rueda de prensa. Foto: AVITARGRANADA.
Comentarios
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Granada de 26 de julio de 2024 y publicado el 08/08/2024 en el BOP sobre los llamados «criterios de interpretación del PGOU 2001 sobre viviendas de uso turístico», según ha indicado la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos rurales de Granada en una nota.
La sentencia estima el recurso interpuesto por Avitar Granada y declara que «dicho acuerdo no era ajustado a Derecho».
El TSJA anula la normativa del Ayuntamiento de Granada
El TSJA concluye que el Ayuntamiento de Granada estaba alterando el PGOU para imponer a las viviendas de uso turístico restricciones propias del alojamiento hotelero por una vía ilegal.
«La Sala recuerda que las facultades interpretativas del planeamiento son limitadas y que, cuando una supuesta interpretación añade, restringe o redefine obligaciones, usos o aprovechamientos, ya no estamos ante una interpretación, sino ante una modificación o revisión del plan con las garantías procedimentales correspondientes», indica Avitar Granada, que denunció todo esto desde el primer momento, en su comunicado.
«El Ayuntamiento quiso imponer por atajo político lo que legalmente solo podía hacerse mediante una innovación del planeamiento. Y además lo hizo tratando de extender a las viviendas turísticas el régimen urbanístico del alojamiento hotelero, pese a que el propio marco andaluz distingue entre establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, y pese a que el artículo 2.2 del Decreto 31/2024 solo permite limitaciones municipales proporcionadas, claras, objetivas y previamente publicitadas en lo relativo al número máximo de viviendas por edificio, ámbito o zona», añaden.
Avitar Granada ha estado denunciando la «doble vara de medir» que ha usado Marifrán Carazo para gobernar y que el Ayuntamiento se ha dedicado a perseguir a unos mientras favorecía a otros. Además, la asociación denuncia que «buena parte de esas operaciones benefician a fondos de inversión y grandes operadores radicados fuera de Granada y, en algunos casos, fuera de España, con centros de decisión y domicilios fiscales alejados de la ciudad. Frente a ello, los pequeños propietarios granadinos sí viven aquí, tributan aquí, invierten aquí y sostienen empleo y actividad económica local».
«El mensaje al Ayuntamiento de Granada es inequívoco: no basta con cambiar la forma para intentar mantener el mismo resultado. Lo que ha pretendido el Ayuntamiento ya ha sido declarado ilegal por la vía utilizada y, si en la futura regulación insiste en perseguir a unos mientras favorece a otros, volverá a chocar no solo con el ordenamiento español, sino también con el marco europeo de no discriminación, necesidad y proporcionalidad», explican.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina, ya desveló la intención real del gobierno municipal cuando afirmó en el pleno de mayo de 2024: «Si por el Ayuntamiento fuese, no solo no se darían más licencias de viviendas turísticas, sino que se cancelarían todas las existentes. No era una política de regulación. Era una política de erradicación».
Para Avitar Granada, se abre «una vía muy seria de reclamaciones» y anima a que contacten con la asociación «a todos los afectados que hayan visto canceladas, bloqueadas o frustradas sus licencias, registros, expedientes o explotaciones turísticas por la aplicación de este acuerdo ilegal».
«Si esas reclamaciones prosperan, será el Ayuntamiento de Granada y, en último término, las arcas municipales las que tengan que responder. Es decir, la factura de esta política podrá acabar recayendo sobre todos los granadinos. Y eso era evitable. Bastaba con diálogo, consenso y respeto a la legalidad. Pero el gobierno municipal eligió la imposición, el rodillo y la confrontación», añaden.
Por otro lado, la asociación exige a Marifrán Carazo que rectifique y que abra de inmediato una mesa real de diálogo con los granadinos. También defiende que Granada necesita seguridad jurídica, coherencia y una política equilibrada.
