Brecha en el accionariado de Alfil: dos accionistas exigen cesar al presidente y CEO, Francisco Gómez Palma
Manuel e Irene Gómez Palma se oponen al consejo de administración como modelo de gestión, al régimen de socimi y a los cargos ostentados por Francisco Gómez Palma
Francisco Gómez Palma, actual presidente y CEO de Alfil Patrimonial Socimi. Imagen: Alfil
Comentarios
Dos accionistas de Alfil Patrimonial Socimi han forzado la inclusión de 5 nuevos puntos en el orden del día de la junta general del próximo 25 de junio de 2026 para manifestar formalmente su oposición al consejo de administración como modelo de gestión, al régimen de socimi y a los cargos directivos ostentados por Francisco Gómez Palma, presidente y CEO de la compañia.
Manuel e Irene Gómez Palma, titulares cada uno de un 16,66% del capital social, han exigido el cese en bloque de todos los miembros del órgano de dirección, la destitución de Francisco Gómez Palma y el nombramiento de nuevos consejeros.
Asimismo, han requerido de forma expresa la ejecución de su derecho de separación de la compañía y la adopción de medidas legales para reclamar saldos deudores vinculados a la gestión de ejercicios previos.
El presidente de la socimi, en conversación con Economía Digital, ha explicado que esta maniobra responde a una disputa societaria iniciada tras el fallecimiento de su padre, el fundador de la compañía, hace 5 años. Según Francisco Gómez, el origen del conflicto radica en la decisión de la mayoría del capital de sustituir el modelo de administradores solidarios por un consejo de administración profesionalizado.
«Ellos lo que siempre han pedido es que se quedara todo como estaba», ha indicado el directivo, quien atribuye esta ofensiva a una «ansia de poder y de control» por parte de los dos socios frente al nuevo régimen de gobierno de Alfil.
17 demandas y 5 años
Los accionistas disidentes han fundamentado su petición de separación en el artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital, alegando una supuesta sustitución o modificación sustancial del objeto social.
Sobre este aspecto, la empresa ha recordado que el paso al régimen de socimi fue ratificado en junta por casi el 84% de los votos.
Además, el consejero delegado ha detallado que el derecho de separación ya ha sido dirimido en los tribunales en primera instancia. «Hay una sentencia ya que le dice que no tienen razón. De hecho, desestima todas las peticiones», ha precisado Gómez, añadiendo que el fallo ha sido recurrido y se encuentra a la espera de resolución en la Audiencia Provincial.
Hasta la fecha, Alfil contabiliza 17 demandas interpuestas por estos socios, de las cuales la sociedad ha ido ganando las correspondientes al ámbito mercantil.
Reclamaciones en 2 sociedades
El complemento a la convocatoria incluye también la propuesta de reclamación de dos saldos deudores vinculados a sociedades en las que ha participado el presidente como administrador. El primero asciende a 511.908,71 euros por la adquisición de la mercantil Quilguisola S.L., y el segundo a 352.000 euros frente a Abastos & Viandas S.L.
En este mismo bloque, los accionistas exigen dejar sin efecto un acuerdo de cesión de negocio de abril de 2019, al considerarlo perjudicial para la empresa por la supuesta falta de un precio de mercado en la transacción.
Ante estas acusaciones, Francisco Gómez ha defendido que ambas operaciones corresponden a un estricto «tráfico mercantil» ejecutado en ejercicios pasados.
En el caso de Abastos & Viandas, el presidente ha aclarado que la operación no consistió en una cesión de negocio, sino en la «resolución de un contrato de alquiler». La empresa inquilina realizó inversiones de acondicionamiento por más de 600.000 euros en un local propiedad de Alfil Patrimonial que pasó a ser un mercado gourmet y cerró a los 2 años.
Para poder resolver el contrato de forma anticipada y arrendar el espacio a un nuevo operador por 100.000 euros anuales, la propiedad acordó compensar a la empresa saliente: «La compañía todavía debe a Abastos & Viandas 152.000 euros».
Respecto a Quilguisola S.L., el directivo ha afirmado que la operación supuso la adquisición de una sociedad para desarrollar un edificio de viviendas colindante a otro activo de Alfil, asumiendo la financiación existente.
El presidente ha subrayado que estas decisiones se tomaron hace varios años, etapa en la que el propio Manuel Gómez ejercía como administrador de la sociedad y «firmó las cuentas anuales».
Aumento del dividendo
En su justificación para incluir estos puntos en la junta, los accionistas solicitantes exigen «reorientar la estrategia» de la compañía en beneficio del interés social. El consejero delegado ha contrapuesto esta petición con los resultados financieros del ejercicio 2025 y las exigencias del régimen fiscal al que se acogen.
Como consecuencia de esos resultados al alza, también se ha producido un aumento del 37% en la distribución de dividendos de Alfil Patrimonial, fijando la cifra a repartir en 1,2 millones de euros.
