La guerra en Alfil se recrudece y los accionistas disidentes acusan al CEO de vetar sus propuestas
Los accionistas críticos denuncian el bloqueo en la última junta general, una maniobra que obstaculiza su objetivo de fondo: forzar una salida pactada de la socimi
Miembros de Alfil Patrimonial Socimi, muchos de la familia Gómez Palma, durante su salida a BME Growth en 2024. Imagen: Alfil
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La tensión accionarial en el seno de Alfil Patrimonial ha escalado a un nuevo nivel tras la celebración de su última junta general. Manuel e Irene Gómez Palma, quienes controlan conjuntamente el 33,33% del capital social de la firma, han acusado al actual presidente y consejero delegado, Francisco Gómez Palma, de aprovechar su posición directiva para vetar el debate de sus propuestas.
Este bloqueo institucional ha agravado una disputa societaria cuyo objetivo último, según ha reconocido la facción disidente en conversación con Economía Digital, ha consistido desde el inicio en forzar su desvinculación definitiva de la compañía.
La maniobra que ha recrudecido este conflicto se ha materializado durante la asamblea, donde los accionistas críticos esperaban someter a debate una serie de puntos introducidos previamente en el orden del día. Sin embargo, Manuel Gómez ha asegurado: «Hay un orden del día aprobado, pero como el presidente del consejo decide que esos puntos no se van a votar… pues no se vota».
No obstante, el acta notarial de la junta de Alfil, a la que ha tenido acceso este medio, revela los motivos esgrimidos por la cúpula para ejecutar dicho bloqueo. Francisco Gómez Palma argumentó que no procedía someter a votación la ejecución del derecho de separación ni la exigencia de responsabilidades porque se trataba de asuntos actualmente judicializados, prescritos o que suponían una «extralimitación competencial de la junta», al corresponder al órgano de administración.
El documento notarial también matiza que la propuesta de cese de todo el consejo de administración sí llegó a someterse a votación, siendo rechazada por la mayoría de la familia.
El accionista crítico ha adelantado, además, que presentarán quejas ante el mercado y valorarán nuevas acciones legales por vulneración de derechos tras negárseles información en la asamblea.
Exigencia de representatividad
Este nuevo episodio ha actualizado la brecha ya existente en el accionariado. Los hermanos Gómez Palma han precisado su postura, remarcando que su oposición no se ha dirigido en ningún momento al modelo de gestión de Alfil mediante un consejo de administración, sino a las maniobras para monopolizarlo.
En este sentido, han denunciado que la reciente decisión de reducir el número de consejeros de 4 a 3 miembros ha obedecido a una estrategia para diluir su representación: «Lo reduce ahora a tres para boicotear el derecho a que mi hermana y yo podamos nombrar un consejero».
Frente a esta acusación, el acta refleja que la empresa justificó la reducción alegando que, en enero, se amplió el consejo para dar entrada a un profesional independiente, pero que este comunicó su «imposibilidad de aceptar el cargo por indicaciones de su despacho», devolviendo el órgano a sus tres miembros actuales.
Modificaciones en el negocio
Más allá del cruce de acusaciones sobre la gobernanza institucional, los accionistas críticos han confirmado que el motor real de su ofensiva legal ha sido siempre lograr una ruptura definitiva con Alfil. «Básicamente, mi hermana y yo lo que queremos es salirnos», ha admitido Manuel Gómez.
Dada la falta de liquidez de sus participaciones, la única vía que ven factible es intentar alcanzar un acuerdo. Según su relato, llegaron a formular una propuesta de salida de Alfil que no obtuvo respuesta, justificando la dirección que las quejas de los accionistas críticos sobre las tasaciones habían perjudicado la imagen de la sociedad frente a terceros.
Una tensión que el presidente escenificó al inicio de la junta, según consta en el acta notarial, acusando a la facción contraria de generar un «grave daño reputacional a la sociedad» y advirtiendo que se reserva acciones en defensa de su «honor e imagen» frente a esta estrategia litigiosa.
Esta discrepancia ha estado ligada a la transformación de la empresa en socimi. La facción crítica sostiene que la conversión implicó una modificación sustancial del objeto social, lo que debería amparar su derecho de separación.
Argumentan que áreas históricas de Alfil, que generan gran parte de los ingresos, han sido modificadas para encajar en el régimen fiscal: «La residencia de estudiantes, que era y es el 60% del negocio, se ha tenido que constituir otra sociedad y poner todos los activos en alquiler».
División en el balance
En el terreno económico, los disidentes se han reafirmado en su voluntad de exigir las deudas millonarias que vinculan a sociedades gestionadas previamente por Francisco Gómez, rechazando que fueran un trámite comercial estándar en beneficio de Alfil e incidiendo en los supuestos «rescates» a los negocios del actual presidente.
Sin embargo, el enfrentamiento documentado por el notario destapa un cruce de reproches sobre este punto: el presidente recordó en la asamblea que, en los años en los que se produjeron esas operaciones de deuda ahora denunciadas, eran los propios Manuel e Irene Gómez Palma quienes «ostentaban el cargo de administradores de la sociedad», consintiendo los pagos sin formular objeción alguna.
Las votaciones registradas en el acta ilustran el actual reparto de fuerzas en la sociedad, con un respaldo a la dirección del 82,88% de los derechos de voto frente al 17,08% del bloque crítico.
