Vox fía su receta económica para Andalucía a la ventanilla única y el silencio administrativo positivo
La formación propone un sistema de trazabilidad para auditar el impacto real de los fondos europeos y plantea incentivos al relevo generacional en las pymes
Manuel Gavira, candidato andaluz de Vox en las elecciones del 17 de mayo. Imagen: Vox
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El grupo parlamentario Vox ha trazado las líneas maestras de su estrategia económica y presupuestaria para Andalucía, apostando por la desregulación, una reducción de impuestos y la simplificación administrativa como vías principales para atraer inversión y revertir unas cifras que sitúan a la región liderando el paro con una tasa del 14,7% frente al 9,9% nacional.
El portavoz de la formación, Manuel Gavira, en respuesta a Economía Digital, fija como prioridad la reducción de los trámites burocráticos que afronta el tejido productivo regional, bajo la premisa de que «muchas empresas tardan más en superarlos que en ejecutar el propio proyecto».
Para agilizar la relación entre la administración autonómica y las compañías, la primera medida que propone el partido consiste en implantar una «auténtica ventanilla única empresarial andaluza».
El objetivo de este mecanismo es que cualquier sociedad pueda gestionar licencias, autorizaciones, ayudas o fondos europeos sin necesidad de peregrinar entre distintas consejerías, organismos y plataformas de la Junta de Andalucía.
En esta misma línea, Vox defiende la aplicación del «silencio administrativo positivo en procedimientos no sensibles», de manera que, si la administración no emite una respuesta en el plazo estipulado, el proyecto empresarial sigue adelante automáticamente.
La formación argumenta que actualmente existen promociones industriales, energéticas o logísticas bloqueadas durante años debido a normativas cambiantes, informes duplicados y permisos reiterativos que frenan la competitividad de la región.
Monitorización de los fondos europeos
En lo referente a la ejecución de las partidas comunitarias, la formación pone el foco en la monitorización estricta del flujo económico, alegando que los procesos actuales resultan laberínticos para el pequeño empresario.
Gavira plantea el desarrollo de un «sistema de trazabilidad total de los fondos europeos» para que se pueda rastrear cada euro desde la publicación de la convocatoria pública hasta su destino final. El fin de esta medida es detallar con exactitud «qué empleo o qué inversión real genera».
Más allá de la reforma administrativa, Vox desgrana medidas directas enfocadas en las pymes y los trabajadores por cuenta propia, a quienes señala como los verdaderos creadores de empleo frente a las instituciones públicas. Gavira refleja que contratar a un profesional supone hoy un alto riesgo para las pequeñas empresas debido a la suma de cotizaciones e impuestos.
Para paliarlo, destacan los «incentivos fiscales vinculados a contratos indefinidos», orientados especialmente hacia los jóvenes, las familias y los perfiles con mayores dificultades de inserción laboral.
Bajada de impuestos
En paralelo, la formación exige un trato fiscal diferente para los autónomos, calificando de injusto que aquellos que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional deban soportar cuotas fijas que lastran sus balances.
Asimismo, el partido apuesta por impulsar medidas destinadas a favorecer el «relevo generacional en empresas familiares, comercios, talleres y explotaciones agrarias» para evitar la destrucción del tejido productivo y el arraigo en barrios y municipios cuando finaliza la etapa laboral de los fundadores.
En el plano macroeconómico, la hoja de ruta presupuestaria busca reindustrializar la región aprovechando su ubicación geográfica, sus recursos naturales y su capacidad logística portuaria. Para ello, Vox señala la necesidad de destinar el presupuesto a inversión productiva real en sectores estratégicos, tales como la agroindustria, la industria aeronáutica y de defensa, la minería, la automoción, la transformación alimentaria y la energía.
El plan incluye la creación de polos tecnológicos uniendo el entorno universitario con la empresa privada y la industria, con el fin de retener el talento joven cualificado y generar empleo estable bien remunerado.
Medidas en materia de vivienda
Por último, en materia urbanística y de fiscalidad inmobiliaria, Vox advierte de las dificultades de ahorro y emancipación en capitales tensionadas como Málaga, Sevilla o Cádiz, donde los ciudadanos destinan gran parte de sus ingresos al mercado residencial. Su propuesta se orienta hacia una reducción directa de los costes tributarios vinculados a las transacciones.
En concreto, la formación ha anunciado su intención de reducir tanto el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en Andalucía alcanza a gravar hasta un 7%, como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), situado en el 1,2%.
Estas rebajas fiscales se combinan con la iniciativa de «liberar suelo no protegido y facilitar la construcción de vivienda pública y protegida», así como con la promesa de garantizar mayor seguridad jurídica a los propietarios e inversores mediante una política de «tolerancia cero con la okupación» para incentivar el aumento de la oferta.
